Organizaciones de derechos humanos y colectivos de familiares de víctimas calificaron de ‘‘regresiva’’ la propuesta de iniciativa de ley de desaparición de personas que actualmente se debate en el Senado, pues ‘‘está por debajo’’ de las propuestas que ellos mismos presentaron a los legisladores hace casi dos años, y no han sido incluidas.

Además, hubo organizaciones que advirtieron que dicha norma debe estar obligadamente apegada a los más altos estándares internacionales, porque de lo contrario sería inservible.

En diversos posicionamientos, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México –que agrupa a más de un centenar de organizaciones y colectivos de familiares de víctimas de casi todo el país y de Centroamérica– y el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), expresaron su preocupación por el rumbo que parece tomar la iniciativa de ley, pues se han incluido las observaciones presentadas por el jefe del Ejecutivo federal, desechando las elaboradas por organismos defensores de derechos humanos y desde los propios familiares de las víctimas.

José Antonio Lara, coordinador del CDHZL, hizo un llamado enérgico a todas las autoridades a entender que ‘‘sin una ley verdaderamente congruente y apegada a estándares de derechos humanos, ésta será una legislación totalmente inservible para la realidad que tiene nuestra nación’’.

En nombre del centro –recientemente galardonado con el Premio Nacional de Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo–, el abogado Lara Duque señaló que el problema de desaparición de personas en el país tiene ya desde hace mucho tiempo una dimensión de enorme magnitud.

Citó que las cifras de los pasados 10 años revelan el hallazgo de más 855 fosas clandestinas, y ‘‘en tan sólo en cuatro estados se han exhumado más de 35 mil restos óseos’’, dijo en entrevista.

En tanto, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México identificó, además, siete puntos especialmente preocupantes de la iniciativa de ley, entre los cuales citó que la propuesta de construcción del sistema nacional de búsqueda no atiende a una estructura de un sistema en relación con las funciones y las instituciones.

‘‘No se atiende a una lógica de coordinación entre labores de búsqueda e investigación, prevención y distribución de competencias y responsabilidades’’, señala en su posicionamiento.

En este sentido, advirtió que de nada serviría la construcción de un sistema sin que éste opere las herramientas previstas (registro nacional de personas desaparecidas, banco de datos forenses, registro de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, de fosas, administrativo de detenciones, alerta Ámber, etcétera).

‘‘La fragmentación de las herramientas, dejando su administración a distintas dependencias, imposibilita contar con un sistema único de información que permita cruzar diferentes registros para la localización de las personas de-saparecidas’’, destacó.