La ley general de biodiversidad debe incluir la prohibición expresa de otorgar concesiones o asignaciones para exploración y explotación minera en áreas naturales protegidas, establecer requerimientos específicos para todo tipo de aprovechamiento y dejar a salvo las reservas forestales, así como fortalecer al órgano rector en la materia.

Son parte de las propuestas de organizaciones ambientales y expertos, que fueron llevadas a la mesa de negociación por senadores del grupo del PT-Morena, a fin de que se integren al dictamen que presentó la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Ninfa Salinas.

La aprobación del dictamen, programada para el jueves pasado, se pospuso a petición del ex coordinador perredista Miguel Barbosa, quien planteó tomar en cuenta las propuestas de organizaciones sociales y especialistas.

Se integró un grupo de trabajo, coordinado por el senador Zoé Robledo, que en los días recientes ha buscado la aprobación de cambios que se consideran torales, entre ellos prohibir el otorganiento de concesiones o asignaciones para explotación minera en las áreas naturales protegidas, ya que no se incluyó en el artículo 147 de la citada norma.

Proponen que ello se establezca en ese artículo de forma clara, así como la serie de requisitos para el otorgamiento o expedición de los permisos, licencias, concesiones o en general de autorizaciones de todo tipo de explotación o aprovechamiento de recursos en áreas protegidas.

De entrada, piden que las autoridades federales competentes se sujeten en primer término a lo que establezcan las declaratorias de las áreas naturales protegidas, a continuación los programas de manejo correspondientes y, en última instancia, las demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables.

Asimismo, solicitarán a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas que emita la opinión que estime pertinente, debiendo la autoridad a la que vaya dirigida expresar las razones para su estimación o desestimación y todo ello deberá hacerse público.

La secretaría correspondiente, tomando como base los estudios técnicos y socioeconómicos practicados, podrá solicitar a la autoridad competente la cancelación o revocación del permiso, licencia, concesión o autorización correspondiente, cuando la exploración, explotación o aprovechamiento de los recursos ocasione o pueda ocasionar deterioro al equilibrio ecológico.

Análisis a fondo

Se propone asimismo el fortalecimiento de las áreas de protección forestal y para ello crear una nueva sección en la ley, con un transitorio que ordene a la autoridad analizar los casos de reservas forestales decretadas en el pasado, para determinar si se mantienen como áreas naturales protegidas o se consideran como otro tipo de espacio para la conservación de la biodiversidad.

Este transitorio se encuentra actualmente en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, y de no retomarlo dejaría desprotegidas millones de hectáreas de bosques.

Otra propuesta es que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas sea un órgano rector, desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente, con autonomía técnica, operativa, financiera, presupuestal y de gestión, y con nuevas atribuciones para administrar ese sector.

Se propone también crear el comité técnico del Fondo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, cuya misión será promover la captación de donativos, aportaciones, asignaciones y demás recursos adicionales a los asignados en el presupuesto de la Federación.