En México aún existe gran cantidad de personas que son encarceladas por realizar actividades políticas legales, con el propósito de que sus casos sean vistos como un castigo ejemplar y de esta forma se desincentive la lucha social, afirmaron los organizadores de un foro por el Día Internacional por la Libertad de los Presos Políticos, conmemorado ayer frente al Reclusorio Norte.

Diana Díaz Mendieta, integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, explicó que el objetivo de la jornada es exigir la liberación de todos los presos por razones políticas, y en particular de los jóvenes Abraham Cortés Ávila, Fernando Bárcenas Castillo, Jessie Alejandro Montaño Sánchez y Luis Fernando Sotelo, quienes están sujetos a procesos legales que sus defensas consideran injustos.

De acuerdo con la profesora, la principal razón que lleva a la cárcel a muchas personas sin haber cometido ningún delito es expresar sus ideas en contra del sistema político actual, como las reformas de Enrique Peña Nieto, y participar en manifestaciones pacíficas. El gobierno hace que muchos compañeros caigan, como una venganza contra ellos, aunque no tengan pruebas.

Los presos políticos representan el eslabón más débil, porque están en manos del Estado y no sabes si los pueden matar con cualquier pretexto mientras están en la cárcel. Muchos llevan 20 años y su familia los abandona porque son muy pobres para visitarlos, y además suelen ser casos amañados, donde se les pone una lista de cargos increíbles que no se pueden comprobar.

Díaz Mendieta afirmó que aunque no hay una cifra exacta de cuántos presos políticos hay en el país, los casos se cuentan por cientos, sobre todo en estados donde existen luchas sociales fuertes, como Guerrero, Oaxaca y Michoacán.

En el foro participó César Villagómez, estudiante de ingeniería petrolera en la Universidad Nacional Autónoma de México, quien fue detenido en 2015 cuando participaba en una manifestación de solidaridad con los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, y más tarde acusado de pintar la columna del Ángel de la Independencia.

Aunque no había pruebas que confirmaran que había realizado esos daños, me sentenciaron a tres años de cárcel y a la reparación del daño por 200 mil pesos. Esto demuestra que, al no tener a quién más investigar, detienen a cualquier persona para que pague ese daño, denunció.