A 80 por ciento de los 8 mil indígenas presos en el país les fue violado el debido proceso judicial por falta de traductores, intérpretes y defensores capacitados, y sobre todo porque el Ministerio Público y los jueces encargados de sus casos los desdeñan.

Karina Barón, diputada del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la Comisión Desarrollo Social, denunció, además, que las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia no tienen presupuesto suficiente para atender a ese sector de la población.

La mayor parte de estos casos irregulares, que atentan contra la dignidad y los derechos de los mexicanos indígenas, corresponden al fuero federal, y se encuentran en Oaxaca, Chiapas, Puebla y Veracruz.

La legisladora propuso garantizar la asistencia de traductores en náhuatl, zapoteco, maya, tzeltal y tzotzil. A pesar de los esfuerzos legislativos que se han realizado en esta materia, no se ha logrado que los mismos se apliquen en la práctica, por lo que la violación de los derechos procesales de los indígenas son una constante en el sistema judicial, dijo.

Refirió que a principios de marzo diversos medios de comunicación de Oaxaca publicaron una nota sobre la negativa de la autoridad jurisdiccional local para nombrar un traductor o intérprete a indígenas durante procesos penales.

Su principal argumento fue que el presupuesto destinado a la operación de tareas jurisdiccionales no es suficiente para garantizar el derecho de los indígenas involucrados en algún proceso judicial a contar con la asistencia de algún traductor o intérprete si así lo solicita, dado que su contratación durante una audiencia genera erogaciones por mil cien pesos, más viáticos para traslado, alimentos y hospedaje.

De acuerdo con datos aportados por el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, en Oaxaca se necesitan anualmente alrededor de 15 millones de pesos para solventar la necesidad del uso de traductores e intérpretes.