La iniciativa conjunta de PAN y PRD para expedir la ley de contratación de obra pública, encaminada a erradicar la corrupción, quedará pendiente para el próximo periodo de sesiones, ya que no hubo voluntad política del PRI para aprobarla, advirtió el ex perredista Miguel Barbosa.

Lamentó que esa reforma prioritaria no pueda aprobarse antes del 30 de este mes en que concluye el periodo ordinario, ya que no ve viable un periodo extraordinario en medio de la elección del estado de México.

En la exposición de motivos se advierte que aunque la aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública representó un gran paso, carece de uniformidad en lo relativo a las obligaciones sobre inversiones y contrataciones públicas, donde se dan los mayores casos de corrupción.

PAN y PRD advierten que a pesar de que el Estado mexicano se comprometió a adoptar como base la Ley Modelo de la ONU para contrataciones públicas, así como la guía para su incorporación, a efecto de reformar la legislación en la materia, no ha habido avances significativos.

Mencionan que, de acuerdo con el Índice de Percepción de Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, en 2007 México fue calificado con 35 puntos y se ubicó en el lugar 72 de 167. Para 2015 siguió con la misma evaluación –de 35 puntos, pero cayó hasta el lugar 75, por debajo de países como Burkina Faso y Liberia.

En cuanto al continente americano, México se ubica en la posición 15, muy por debajo de Cuba o El Salvador. Pero el dato más crudo es entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, pues de sus 34 integrantes México ocupa la última posición.

La reforma, por ello, pretende erradicar la corrupción, vía mayor transparencia en los procesos de contratación de obras públicas. Se dota a CompraNet de mecanismos que permitan a la sociedad en general acceder a los contratos firmados por entes públicos con empresas contratistas, así como información sobre las fases previa y posterior a la licitación, es decir, desde la evaluación de las necesidades a la gestión del contrato y el pago.

Uno de los puntos centrales de la propuesta de ley de contratación de obra pública es que se fortalece el régimen de responsabilidad de los servidores públicos, que no podrán modificar, cancelar o adicionar contratos, ni delegar funciones en sus representados.

Aunado a ello, se incluye un mecanismo de cooperación entre la Auditoría Superior de la Federación y el Sistema Nacional Anticorrupción para impedir prácticas desleales o colusión.

Se reduce el monto de la inversión para los proyectos de gran magnitud o alcance relevante, lo que permitirá mayor control y supervisión de las obras, evitando con ello pérdidas económicas y corrupción durante la ejecución de proyectos.

Además, se implementa un padrón de proveedores que permitirá garantizar mecanismos y procedimientos para promover mejores formas de contratación para el Estado mexicano.