El ex fiscal de Nayarit se declara inocente en corte de NY
Domingo 9 de abril de 2017, p. 11
Édgar Veytia, ex fiscal general de justicia de Nayarit, nunca se sujetó a exámenes de control de confianza ni se hizo un seguimiento de su patrimonio, revelaron funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional.
Lo anterior, a pesar de los acuerdos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia que obligan a todos los procuradores y fiscales a someterse a pruebas de confianza.
En Nueva York, Veytia se declaró inocente de los tres cargos que se le imputan, durante su presentación y arraigo ante la corte del distrito este, ubicada en el condado de Brooklyn.
Vestido con ropa de civil, el ex funcionario se declaró inocente de los cargos de conspiración para importar y distribuir heroína, cocaína, metanfetamina y mariguana en Estados Unidos, entre enero de 2013 y febrero de 2017.
De acuerdo con la acusación, Veytia se asoció con otros individuos, cuya identidad no fue revelada en el expediente, para distribuir en Estados Unidos un kilo o más de heroína, cinco kilos o más de cocaína, 500 gramos o más de metanfetamina y mil kilos de mariguana.
La corte fijó la próxima audiencia para el miércoles 12 de abril, aunque la defensa del ex funcionario mexicano (quien también posee la nacionalidad estadunidense) indicó que solicitará una prórroga para que el caso se inicie el lunes 17 de abril.
En México no se ha empezado ninguna indagatoria en su contra, ya que, a decir de los funcionarios entrevistados, las pruebas de su presunta responsabilidad en delitos contra la salud y asociación delictiva con integrantes de grupos criminales fue documentada por Estados Unidos.
Tampoco, señalaron, se abrió una carpeta de investigación en la procuraduría local para indagar su presunta participación con grupos delictivos que operan en Nayarit, ni por no haber acreditado los exámenes de control de confianza, a pesar que desde 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo nacional por la seguridad, la justicia y la legalidad, en el cual se ordena que se debe sujetar a evaluación permanente y control de confianza al personal de las instituciones policiales, de procuración de justicia, de aduanas, de los centros de readaptación social federales, así como del Instituto Nacional de Migración, a través de organismos certificados
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