Durante más de 30 años la comunidad mexiquense de San Pedro Tlanixco ha estado en conflicto con una empresa floricultora de capital extranjero, a la que acusa de robar el agua del pueblo con la complicidad de las autoridades estatales y federales, en una larga lucha que ya ha generado el encarcelamiento de seis habitantes, cuyo proceso legal podría cambiar en las próximas semanas.

En entrevista, la abogada Alejandra Peña, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, explicó que en la década de los 80 del siglo pasado llegó una compañía productora de flores a instalarse en Villa Guerrero, municipio aledaño al de Tenango del Valle, donde se encuentra la comunidad nahua de Tlanixco.

Sin aviso ni consulta previa con los habitantes, la empresa comenzó a utilizar buena parte de los recursos hídricos del río Texcaltenco, con el aval de la Comisión Nacional del Agua, lo que empezó a generar tensión entre ambos municipios.

Fue entonces cuando se iniciaron las movilizaciones de descontento de los pobladores de Tlanixco, quienes en 2000 cerraron la autopista que va hacia Ixtapan de la Sal para llamar la atención sobre el caso. Por ésta y otras acciones de protesta, indicó Peña, la Procuraduría General de la República acusó de terrorismo a algunos habitantes.

El tema se complicó aun más el primero de abril de 2003, cuando vecinos de Villa Guerrero, encabezados por el presidente de agua de riego de dicho municipio, Alejandro Isaak Basso, se dirigieron a Tlanixco para investigar un supuesto acto de sabotaje de los habitantes de este pueblo al abastecimiento del líquido.

Al enterarse de que los pobladores del municipio vecino iban hacia allá y considerarlo una provocación, afirmó la abogada, los habitantes de Tlanixco tocaron las campanas de la iglesia para que la comunidad se reuniera y decidiera cómo actuar, que es parte de los usos y costumbres del pueblo.

Antes de llegar, Basso perdió el equilibrio de manera accidental y cayó en una vereda muy empinada, lo que le provocó la muerte. En sus indagatorias, el gobierno del estado consideró que la convocatoria de Tlanixco a través de las campanas era un llamado a linchar a sus vecinos, y en los meses siguientes aprehendió a seis de los habitantes de la comunidad, acusados de homicidio, detalló Peña.

Los pobladores de Tlanixco consideran que esta acción fue una represalia por defender sus recursos hídricos, puesto que los seis detenidos –de los cuales tres tienen sentencias de más de 50 años de cárcel– eran algunos de los vecinos más activos en esta lucha. Aún hay dos personas con órdenes de aprehensión en contra, que no han sido ejecutadas.

La historia de este conflicto y la suerte de los presos podría dar un giro, luego de que en 2015 el gobierno estatal reconoció a Tlanixco como pueblo indígena, lo cual obligaría a las autoridades a reconocer que en dicha calidad, los habitantes tienen usos y costumbres, entre ellos el de convocar a reunirse a través de las campanas.

De esta forma, consideró Peña, el sistema judicial ya no podría seguir acusando a los presos de llamar a un linchamiento ni de haber actuado con alevosía y ventaja, y por ende se vería obligado a dejarlos en libertad.

Este es un caso paradigmático, porque el gobierno del estado tiene la posibilidad de armonizar el derecho positivo con los usos y costumbres y liberar a los pobladores de Tlanixco, subrayó Antonio Lara, coordinador de dicho centro.