La Procuraduría General de la República (PGR) investiga por actos de corrupción a los principales directivos de Odebrecht y a funcionarios mexicanos que participaron directa e indirectamente en la asignación de cuatro contratos a la compañía brasileña.

Autoridades mexicanas no han conocido aún la identidad de los ejecutivos de Pemex que aceptaron los sobornos, pues de acuerdo con la legislación brasileña, hasta el 3 de junio entregará esos datos en respuesta a una solicitud de asistencia internacional.

De acuerdo con los datos obtenidos de funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional, Pemex presentó una denuncia por presuntos actos de corrupción en la asignación de contratos asignados a Odebrecht, los cuales fueron adjudicados entre 2011 y 2014 por un monto superior a mil 100 millones de dólares.

La PGR abrió una carpeta de investigación y solicitó tanto a Estados Unidos –que destapó los actos de corrupción que Odebrecht realizó en 20 países para obtener contratos de obra pública– como a Brasil, nación en la cual se creó la empresa, para identificar a los funcionarios mexicanos que habrían recibido 10.5 millones de dólares.

La indagatoria en el país incluirá en la toma de declaraciones al ex presidente de la compañía sudamericana, Marcelo Odebrecht, quien se encuentra preso en Brasil, así como a Olivio Rodrigues Junior y Luiz Eduardo da Rocha Soares, quienes fueron liberados en días pasados por autoridades brasileñas.

Según las fuentes consultadas, también se citará a declarar a los representantes de la compañía subsidiaria Brasken, Cleantho de Paiva Leite Filho, director de Relaciones Institucionales, Desarrollo de Nuevos Negocios y Comunicación Externa de Braskem-Idesa, empresa creada para implementar el Proyecto Etileno XXI ubicado en Nanchital, Veracruz, y Roberto Bischoff, director general de Braskem-Idesa, responsable por la implementación del complejo petroquímico Etileno XXI, con una inversión de 5 mil 200 millones de dólares. Al mismo tiempo, ocupa la vicepresidencia de la Unidad de Negocios de América Latina de Braskem.

Para detener cualquier cargo en México, los directivos de Odebrecht ofrecieron a las autoridades mexicanas un acuerdo reparatorio que superaría 20 millones de dólares, pero el Ministerio Público Federal rechazó el acuerdo y prefirieron integrar el expediente, señalaron los funcionarios consultados.

Por otra parte, el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Gilberto Higuera Bernal, señaló que la reserva de información del caso por un plazo hasta de cinco años se realizó con apego a las normas de la ley de transparencia.

Expuso que dicha reserva concluirá cuando el caso sea turnado a un juez y se dicte auto de formal procesamiento contra quienes sean acusados de la comisión de algún delito.

La reserva termina cuando el caso se judicializa, cuando haya imputaciones, lo que ocurre a partir de que empiece la vinculación a proceso.