a más reciente oportunidad de Andrés Manuel López Obrador de capitalizar una controversia para posicionarse mejor en el ánimo de los ciudadanos fue la de sus críticas con respecto a las fuerzas armadas. En lugar de avanzar resuelto hacia delante, echó un paso atrás, vaciló, y con sus declaraciones dio la impresión de que hacía una concesión en el tema, sobre todo en el caso de su respuesta al vocero militar. Esta fue otra ocasión perdida en la larga trayectoria del tabasqueño como aspirante permanente a la Presidencia, especializado en no cortar las maduras.

Lo que quiero decir es que había y sigue habiendo en el tema una oportunidad de avanzar en la responsabilidad de las jefaturas de las fuerzas armadas en numerosos hechos de violencia contra ciudadanos indefensos, hechos documentados por los medios desde hace ya varios sexenios, especialmente en los de Calderón y Enrique Peña Nieto. Como jefe de una oposición política manifiesta a lo largo de la República, Andrés Manuel pudo recurrir a quienes han sistematizado la información sobre estas agresiones; organizaciones no gubernamentales, comisiones de derechos humanos, grupos defensores de derechos humanos internacionales y a la misma prensa, y levantar una polémica que pusiera a cada quien en su lugar, tanto a los mandos militares y autoridades federales como las judiciales evasoras de sus responsabilidades de Estado al omitir el perseguir y frenar los abusos de los cuerpos del Ejército.

La réplica del vocero militar y la de Enrique Peña Nieto prácticamente constituyeron un reto que el líder morenista rehuyó, quedando en la opinión pública la idea de que el jefe de una oposición del tamaño de Morena puede ser fácilmente amedrentable. Por supuesto, no se trataba solamente de posicionarse frente a la opinión pública, o de ganar una polémica, sino de ayudar a frenar la ley de seguridad interior que empezará a discutirse en el Congreso, impugnada desde la agenda de los sectores democráticos. En este sentido, resulta urgente apremiar a la opinión pública para que antes de ceder a la presión de las fuerzas armadas se realice un diagnóstico de resultados de la participación de Ejército y Marina en materia de seguridad pública cuando menos durante los 10 últimos años. Punto central porque existen testimonios de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales derivadas de la guerra contra el narcotráfico que es necesario aclarar, fincar responsabilidades y de allí plantear un real sistema de seguridad de consenso con los ciudadanos.

En esta situación, en la que el Estado aparece como principal imputado, Andrés Manuel pudo (y puede aún) prestar un servicio de primer orden a la República, pero lo frena la idea de que estos serán problemas resueltos si él ocupa la Presidencia en 2018. Sin embargo, la ley de seguridad, como las demás cuestiones vitales que circundan a la nación, no espera las manecillas del reloj del próximo año, están aquí, con nosotros, y si no resolvemos cuando menos una, las posibilidades de triunfo de algún candidato que se reivindique de izquierda (así sea desdibujada), se ven muy lejanas. Me explico.

Durante 30 años, la coalición de partidos de derecha ha bloqueado por medio del Legislativo, del Ejecutivo y de los poderes en los estados la solución de algún problema real que afecte las regiones y a la misma capital. Una tras otra las demandas populares han sido bateadas o desviadas sin que haya existido la fuerza y la presión necesarias para imponer al Estado una solución desde la perspectiva popular. Existe una actitud de negarle crédito en la solución efectiva de problemas, por pequeños que pudieran ser, a las corrientes populares y a los partidos en los que todavía queda la noción de izquierda, así sea vagamente. Esta es una de las políticas más perversas porque permea en numerosos sectores de la población la idea de la invencibilidad de los poderes fácticos y del Estado, manteniendo la voluntad popular apabullada, sin ánimo. En los cuatro sexenios anteriores cada uno de los presidentes utilizó su poder para garantizar la continuidad de la política neoliberal; no por eso lo lograron sin tropiezos. Igual, en el actual sexenio las piezas se están acomodando para que de una forma o de otra las élites políticas y los poderes fácticos transiten en un acuerdo a la repartición de las parcelas de poder. De allí la necesidad de levantar entre las numerosas causas del pueblo cuando menos una, que al imponerla devuelva a la gente el ánimo, la autoconfianza y vuelva a apostar por la línea popular.

Después de casi tres sexenios de campaña del tabasqueño por toda la República sin conseguir nada trascendente (su organización no es un partido, sino un aglutinamiento de posiciones variopintas, de notoria debilidad ideológica, sin disciplina), ha llegado la hora de replantearse una nueva estrategia para reforzar las fuerzas de resistencia, en las que sin duda Morena ocupa un lugar central con todo y sus carencias. Pero una condición sin la cual no existe lo demás es reconocer la evidencia de que esta organización no podrá hacerlo sola. Por eso es necesario romper con la soledad.

De allí la propuesta que muchos han pensado; la idea de convocar primero a los semejantes, hacer política con sus organizaciones, lo cual implica tiempo y en muchas ocasiones tragar sapos y volver a tragarlos, escuchar, convencer, ceder, pero hacerlo ya como una política que pudieran entender los zapatistas de Chiapas y los principales movimientos populares que se han manifestado en los últimos años. Si puede trabajarse una fuerza con diferentes vertientes –no importa su tamaño– se estaría en posibilidad de presentarse ante la sociedad como un sujeto social unificado, y quizá entonces se puedan cortar las maduras y dejar madurar las verdes.