El PRI se deslindó ayer de funcionarios acusados de cometer delitos graves. En principio, aseguró que el fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, señalado por la justicia de Estados Unidos como narcotraficante, no es ni ha sido integrante de este partido.

Del caso del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, a quien la justicia mexicana busca a escala nacional e internacional para que responda por cargos de peculado, el PRI apuró a su comisión de justicia partidaria para proceder en función de lo que dictan los estatutos. Y, aunque no lo detalla, Duarte está incluido en la lista de expulsiones del tricolor interpuesta por un consejero.

La posición emitida por el PRI, mediante un comunicado, ocurre tres días después de revelarse la detención de Veytia, quien fue requerido por un juez de Nueva York por tráfico de drogas.

Además de precisar que no no está afiliado al tricolor, hace especial mención de que en febrero de 2013 el fiscal general, actualmente preso en Estados Unidos sin derecho a fianza fue ratificado en el cargo, con el voto de todos los grupos parlamentarios representados en el Congreso local.

No obstante, indica que ante la gravedad de las acusaciones (delitos contra la salud), este partido dará puntual seguimiento a los acontecimientos, con la exigencia de que cada quien asuma las consecuencias de sus actos.

La sociedad nayarita y el pueblo de México exigen el esclarecimiento de estos hechos, para que con ello prevalezcan el estado de derecho y las garantías de que en nuestro país no hay nada ni nadie por encima de las instituciones y de las leyes.

Por lo pronto, el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, acudió al inicio de la campaña de Manuel Cota Jiménez, candidato a la gubernatura de Nayarit (a partir del primer minuto del domingo 2 de abril), en la cual, hasta hace unos días, eran cautos en prometer un triunfo.

Igualmente a la medianoche, pero del domingo, darán el banderazo de la campaña en el estado de México y el lunes en Coahuila. En cuanto a Chihuahua, el PRI pidió a la comisión nacional de justicia partidaria analizar las imputaciones contra el ex mandatario y diversos ex funcionarios de su administración. Y, en su caso, proceda en función de lo que establecen nuestros estatutos, con estricto apego a derecho y con plena autonomía institucional.

De la misma forma que lo ha hecho con ex gobernadores de Veracruz, Tamaulipas y Quintana Roo, indicó que no debe haber nada ni nadie por encima de la ley y prometió dar puntual seguimiento a los expedienes en mención.