El asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, no puede quedar impune, advirtieron los senadores Marco Antonio Blásquez (PT) y Zoé Robledo Aburto luego de presentar una iniciativa en la cual se establece la obligatoriedad de que se agoten todas las líneas de investigación en crímenes y violaciones de derechos humanos contra comunicadores.

El presidente de la Comisión especial para dar seguimiento a las agresiones contra periodistas y medios de comunicación, el petista Blásquez, expuso que la iniciativa –que luego presentó ante el pleno del Senado– por la que se modifican dos párrafos en la parte final del artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que se removerá a procuradores y fiscales que no cumplan con la obligación de agotar todas las líneas de investigación en asesinatos de periodistas.

Esto, con el propósito de identificar a personas y grupos criminales que pudieran tener interés en perpetrar alguna agresión, así como sus probables vínculos con servidores públicos.

Por su parte, el ex perredista Robledo dijo que ante el condenable crimen de Miroslava Breach y de otros periodistas que recientemente fueron ultimados, el Senado debe ser contundente, pues en México hay libertad de expresión, pero lo que no hay es libertad después de la expresión.

Expuso que de acuerdo con la Fiscalía para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), de junio de 2010 al 31 de diciembre de 2016 se registraron 798 denuncias por agresiones a periodistas, de las cuales 47 fueron asesinatos.

Señaló que del total de esos casos la Feadle sólo obtuvo tres sentencias condenatorias: una en 2012 y dos en 2016. Es decir, en 99.7 por ciento de casos de agresiones contra periodistas en México no se han emitido sentencias.

Robledo agregó que la fiscalía informó también que de las 798 denuncias, en 107 el agresor fue consignado ante un juez. Es decir, uno de cada 10, y el resto han quedado impunes.

Por su parte, el senador Blásquez presentó una segunda excitativa en la que propuso modificar la fracción VI del apartado A del artículo 102 constitucional, con la finalidad de crear una fiscalía autónoma que investigue los delitos contra periodistas y activistas que trabajan en defensa de los derechos humanos.