El titular de la Contraloría General del gobierno capitalino, Eduardo Rovelo Pico, informó que por conducto de los órganos de control interno de las 16 delegaciones se abrieron 38 expedientes por anomalías detectadas en la aplicación de los recursos del presupuesto participativo, que involucran a 55 servidores públicos.

Explicó que de 29 investigaciones concluidas se iniciaron seis procedimientos administrativos disciplinarios, donde los servidores públicos tienen la oportunidad de presentar pruebas en su defensa, en tanto que subsisten 92 observaciones del ejercicio de 2016 pendientes de solventar, que implican responsabilidades económicas por 101 millones de pesos.

En su comparecencia ante la Asamblea Legislativa, el funcionario dijo que a la fecha no se ha aplicado sanción alguna por observaciones de auditorías o denuncias presentadas por irregularidades en el uso de estos recursos, como no respetar la voluntad de los ciudadanos en la consulta para decidir el proyecto en que se aplicaría el recurso.

Refirió, sin embargo, que por quejas recibidas, en 11 expedientes sustanciados en las contralorías internas se tienen proyecciones de sanciones de siete a 10 años de inhabilitación y con el nuevo sistema de responsabilidades existe ya la posibilidad de dar vista al Ministerio Público por hechos de corrupción.

Rovelo Pico llamó a los legisladores a modificar el calendario de la consulta a una fecha posterior a que se tenga aprobado el presupuesto de egresos de la ciudad.

Antes, durante los posicionamientos de los grupos parlamentarios, la presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, Vania Roxana Ávila, de Movimiento Ciudadano, advirtió de la ausencia de sanciones contra servidores, pese a irregularidades documentadas.

Citó el caso de Benito Juárez, que no reportó los avances físico-financieros de los 62 proyectos ganadores en la demarcación en 2016, y a la fecha, lo cual sin duda ameritaría una sanción, pues lo anterior contraviene el artículo transitorio 17 de la Ley de Presupuesto de Egresos 2016, así como diversas disposiciones de la Ley de Participación Ciudadana”.