La Comisión de Transparencia de la Cámara de Diputados se declaró en sesión permanente con objeto de elaborar un nuevo predictamen que incluye la cancelación de concesiones, contratos y proyectos de prestación de servicios y asociaciones público privadas otorgados a la empresa brasileña Odebrecht, a consecuencia de las denuncias de corrupción presentadas contra ese conglomerado constructor.

La coordinadora del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro, Rocío Nahle, presentó una proposición de punto de acuerdo ante el pleno para dar por concluidas las relaciones contractuales entre todas las dependencias gubernamentales y la brasileña Odebrecht. La presidencia de la mesa directiva en San Lázaro turnó la propuesta a la Comisión de Transparencia para que se encargue de aprobar o rechazar la propuesta.

Oposición de PRI y PAN

Desde el inicio de los trabajos de la comisión se perfiló el rechazo a esa propuesta de punto de acuerdo. El diputado del PRI Ricardo Ramírez Nieto solicitó a la presidencia del órgano dictaminador que suspendiera la sesión porque la materia de trabajo (los seis predictámenes) debió haberse aprobado en una reunión previa de la mesa directiva de la misma comisión.

Los perredistas Agustín Basave y Omar Ortega respondieron a Ramírez Nieto que no existía impedimento para que se discutieran los dictámenes en la sesión de ayer. Entonces, la panista Cecilia Romero trató de respaldar al priísta Ramírez Nieto, pero Candelaria Ochoa, de Movimiento Ciudadano, le replicó que la reunión de la mesa directiva no había sido posible por la ausencia de la mayoría de los integrantes.

La diferencia a favor de declararse en sesión permanente fue pírrica. Once votos de Morena, PRD y Movimiento Ciudadano se impusieron a los 10 de PRI y PAN que se opusieron.

El dilema fue el cómo se modifica el contenido de la redacción del punto de acuerdo propuesto por Rocío Nahle. Daniela Torres, de los verdes, dijo que su partido respaldará el punto de acuerdo si se introduce en su redacción la revisión del gobierno de Michoacán en el año 2013 (cuando Fausto Vallejo y Jesús Reyna –este último encarcelado por tener vínculos con la delincuencia organizada– gobernaban la entidad).

Agustín Basave, integrante del perredismo, asumió que no existía ningún problema por incluir a Michoacán.