Las nuevas facultades y obligaciones derivadas de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, recientemente aprobada, incrementará sustancialmente la presencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), así como de los órganos garantes a escala estatal. A nivel federal se triplicarán los sujetos obligados para ubicarse en 735; aumentará la demanda de verificaciones a la protección de información de los ciudadanos y la necesidad de mejorar los esquemas preventivos, como parte de las tareas inmediatas.

Sólo que ahora, a diferencia de cuando se aprobaron las reformas en materia de transparencia, en que el Poder Legislativo aprobó incrementos presupuestales, para las modifacaciones que pretenden ampliar la protección de datos personales, al menos para este año, no tiene previsto mayor presupuesto a niveles federal y estatal.

Si bien en el ámbito nacional el Inai realizó algunas adecuaciones en el pasado reciente con los recursos que se le autorizaron, en el estatal, donde los órganos garantes enfrentan estrechez financiera, la instrumentación de la ley anticipa limitaciones para operar. Ya de por sí presionados con la acción de las reformas en transparencia que los han colocado en algunos casos al límite de sus capacidades financieras, deberán ser los que gestionen ampliaciones presupuestales para hacer frente al incremento sustancial de obligaciones.

Por ahora, la adecuación legal está inconclusa, pues los congresos estatales tienen hasta finales de julio para adaptar sus legislaciones en algunos casos –11 entidades– o bien, prácticamente comenzar de cero con la aprobación de leyes locales sobre protección de datos personales con las cuales aún no cuentan 22 estados. En paralelo desde el Inai se trabaja en la emisión de lineamientos que, en su caso, sean aprobados mediante el Sistema Nacional de Transparencia.

El objetivo: sistematizar políticas para garantizar el establecimiento de acciones preventivas; disposiciones para mejorar la protección de datos personales y reglas específicas para mayor seguridad en el tratamiento de datos personales. De entrada, una de las principales ventajas de que exista una ley general es que se potenciará la instrumentación de medidas preventivas que bajo el marco legal anterior, era prácticamente inexistente y que, a decir del Inai, con la evolución en los riesgos de vulneración de datos personales deberá ser fundamental.

Por otro lado, al pasar de 246 dependencias y entidades federales a 735 sujetos obligados –que incluyen al Poder Judicial, el Congreso, organismos autónomos, fideicomisos y partidos–, el Inai revisará la posibilidad de adecuar su estructura para atender esta demanda. De entrada esto implicará un incremento en los recursos interpuestos y en la necesidad de emprender verificaciones del cumplimiento de sus obligaciones de protección de datos personales de las dependencias.