Durante el proceso de aprobación de los sistemas estatales anticorrupción, que por disposición legal deberán quedar construidos en julio próximo, organizaciones ciudadanas instaron a que los congresos de los estados trabajen conjuntamente con representantes de la sociedad en un esquema de parlamento abierto que permita mayor participación social que garantice la conformación de modelos acordes con las expectativas generadas por el Sistema Nacional Anticorrupción.

Demandaron que toda la información relacionada con el proceso de construcción sea transparentada, mediante los portales de los congresos, a efecto de garantizar que la sociedad civil esté bien informada acerca de los pasos que los legisladores realicen para conformar la instancia que se abocará a combatir la corrupción a escalas estatal y municipal.

La corrupción erosiona la confianza de la ciudadanía hacia las autoridades y los asuntos públicos, lo que debilita nuestra democracia: 69 por ciento de los mexicanos tiene poca o nada de confianza en el Presidente, 65 por ciento poca o nada de confianza en el gobierno de su estado o en los jueces. Por ello es indispensable reconstruir el vínculo entre la ciudadanía y las autoridades públicas. Los procesos de parlamento abierto abonan a tejer nuevas relaciones entre los mexicanos y sus representantes, señala la organización Fundar.

Demandaron convocar a especialistas de la sociedad civil, académicos, grupos empresariales y personas interesadas para que presenten propuestas sobre el contenido de las leyes locales que se aprobarán o reformarán, mediante un esquema de audiencias públicas y otros formatos electrónicos.

De acuerdo con los plazos fijados en la reforma constitucional, a más tardar el 18 de julio los congresos locales deberán haber concluido el proceso para aprobar el marco legal que regirá los sistemas estatales anticorrupción.

Sin embargo, hasta la fecha en muchas entidades existen rezagos importantes o se han realizado procedimientos sin la participación de la sociedad.