El juzgado segundo de distrito en materia penal, con sede en Hermosillo, Sonora, concedió un amparo al ex gobernador Guillermo Padrés Elías para que las investigaciones que realizaba la Fiscalía Estatal Especializada Anticorrupción las continúe otra autoridad, ya que el primer organismo fue declarado inconstitucional.

Lo anterior se dio dentro del juicio de amparo 628/2016, por el cual se concedió la protección de la justicia federal al ex gobernador de Sonora por considerar inconstitucional el decreto mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones al reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora que dio origen a la Fiscalía Especializada para Investigar Hechos de Corrupción.

El juzgado resolvió que la facultad de legislar en materia de combate a la corrupción es atribución del Congreso de la Unión. Acerca de la emisión de la ley general que fije las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción y distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para definir las responsabilidades administrativas, se fijó un periodo en el cual las legislaturas de los estados estaban imposibilitadas para legislar respecto de los sistemas estatales anticorrupción.

En ese contexto, el efecto del amparo al ex gobernador se circunscribe únicamente a que se sustraiga de su esfera jurídica la legislación reglamentaria declarada inconstitucional y sus consecuencias, esto es, que no sea investigado por la fiscalía especializada; sin embargo, las averiguaciones previas iniciadas en su contra deberán ser turnadas para su continuación a las autoridades competentes para que siga la prosecución de la investigación, señaló el juzgado segundo de distrito con sede en Hermosillo.

La resolución del juzgado segundo de distrito en el estado de Sonora no invalida las diligencias realizadas por el Ministerio Público, sino que se ordena que sean remitidas a alguna unidad de investigación diversa a la Fiscalía Especializada para Investigar Hechos de Corrupción, con la finalidad de que continúen con las pesquisas.

Esta determinación puede ser impugnada por las partes mediante recurso de revisión.

A diferencia de las fiscalías anticorrupción de Veracruz y Chihuahua, en Sonora ya se encuentra en operación.

Este es el primer amparo que se concede para el efecto de que una Fiscalía Estatal Especializada Anticorrupción en funciones se abstenga de investigar a una persona, en virtud de la inconstitucionalidad del decreto que la creó.