Guadalajara, Jal.

Empresarios y representantes de organismos de la iniciativa privada interpusieron una denuncia ante la Procuraduría General de la República y una queja en el Consejo de la Judicatura del Estado en contra de Aurora Graciela Anguiano Quijada, juez de Tlajomulco, por otorgar al ejido El Zapote la posesión del estacionamiento del aeropuerto Miguel Hidalgo, de Guadalajara.

Tras obtener el interdicto favorable para tomar posesión del estacionamiento, los ejidatarios permiten el ingreso gratuito desde la semana pasada para obligar a las autoridades federales a negociar la indemnización por 307 hectáreas que les expropiaron en favor de la terminal aérea.

Entre los demandantes contra la juez Anguiano figuran la Cámara de Comercio de Guadalajara, el Consejo Agropecuario, la Confederación Patronal de la República Mexicana, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, además de industriales y banqueros.

Rodolfo Monarque, representante jurídico del grupo quejoso, dijo que la juez, encargada del juzgado primero de lo penal con sede en Tlajomulco, cometió delitos y tomó decisiones ilegales contra bienes federales, pues no valoró las pruebas presentadas; además, admitió y resolvió con celeridad la demanda de los ejidatarios.

Las consecuencias y las implicaciones que tienen esta denuncia y esta queja pudieran dar pie para revertir la decisión que ha tomado la juez con respecto a la restitución de la posesión, así como acarrear a la juzgadora suspensión e inhabilitación en sus funciones, agregó.

Sin embargo, el propio Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, encabezado por Daniel Curiel, reconoció que la resolución no ha perjudicado el transporte de carga ni el de pasajeros en el aeropuerto. Lo que sí se afecta es la imagen del estado, señaló el representante patronal.

Permitir el paso libre al estacionamiento del aeropuerto perjudica directamente al concesionario Grupo Aeroportuario del Pacífico. Los ejidatarios advirtieron que mantendrán la medida hasta lograr nuevas negociaciones.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ofrece sólo 61 millones de pesos a los ejidatarios por las 307 hectáreas expropiadas; ellos exigen 2 mil 600 millones.