a difusión en redes sociales de videos filmados en el ambulatorio del penal de Apodaca, en los cuales un grupo de reos perpetra abusos y humillaciones contra otros, puso otra vez de relieve la explosiva situación imperante en las prisiones mexicanas. En una de las grabaciones se aprecia cómo internos pertenecientes al cártel del Noreste (CDN) son obligados a limpiar el suelo arrastrándose desnudos o vestidos con ropa interior femenina, al tiempo que los hostigan presuntos integrantes de Los Zetas vestidos de civil; en otra, Daniel Gustavo Valencia Treviño, El Muletas, es forzado a practicar sexo oral a otro hombre.
Estos episodios de barbarie suponen la más reciente muestra del descontrol existente en el interior del sistema penitenciario de Nuevo León. Entre los hechos más graves ocurridos en los años recientes, cabe recordar que en 2012 el mismo Centro de Reinserción Social (Cereso) de Apodaca vivió la fuga de 30 reos y una riña durante la cual murieron 44 internos, sucesos que provocaron la destitución de todo el personal del centro. Además, en 2016 se registraron dos incidentes de gran magnitud en el penal de Topo Chico, el más poblado de la entidad: en la madrugada del 10 al 11 de febrero tuvo lugar una riña entre facciones de la delincuencia organizada durante la cual murieron 49 personas, la mayor masacre en una cárcel mexicana; y en julio de ese año los internos incendiaron basura y colchones para evitar su traslado a otro centro.
El recuento anterior de ninguna manera es exhaustivo, pero permite apreciar el grado de despreocupación que las autoridades muestran por lo que ocurre dentro de las prisiones, recintos que por definición se encuentran bajo responsabilidad del Estado. Tal indolencia y el control de facto que los grupos de la criminalidad organizada ejercen dentro de las cárceles únicamente pueden explicarse como resultado de una corrupción generalizada entre los funcionarios de todos los niveles. Debe recalcarse que nada justifica la suspensión del estado de derecho en que viven los reos, pero a la gravedad de las violaciones se suma la altísima proporción –cuatro de cada 10, de acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad– de prisioneros sin sentencia, es decir, de personas que se encuentran encarceladas sin que nadie sepa si se trata de criminales o de víctimas de un sistema penal inoperante.
Por lo demás, resulta obvio que en el escenario imperante de anulación de la legalidad y olvido de los más elementales derechos humanos resulta imposible hablar de una reinserción social de los presos, propósito original y legítimo de los centros de reclusión.
No queda sino remarcar lo inaceptable de que en pleno siglo XXI sigan dándose episodios de brutalidad como los que se verificaron en Apodaca, los cuales contradicen de manera palmaria el irrestricto respeto a los derechos humanos al que nuestro país se encuentra constitucionalmente comprometido.
