Diversos colectivos de familiares de víctimas de desaparición forzada y centros de derechos humanos reprocharon el proceso poco transparente con el que se pretende designar a Jaime Rochín del Rincón presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

En un pronunciamiento conjunto exigieron al presidente Enrique Peña Nieto –encargado de designar, por esta única vez, al titular de la CEAV– y al Senado –instancia que deberá ratificar el nombramiento– transparentar dicho proceso con argumentos convincentes.

Denunciaron una cerrazón de las autoridades para escuchar la voz de quienes directamente han vivido las consecuencias de la inseguridad y la violencia en el país, que son las víctimas y sus familiares.

Consideraron que con la propuesta presidencial de designar a Jaime Rochín nuevamente al frente de la CEAV se evidencia una práctica vertical y la incapacidad de abrir el abanico de oportunidades para otras personas que pudieran enriquecer con mejores y mayores herramientas esta área que es urgente echar a andar, tras las reformas a la Ley General de Víctimas.

Los colectivos y organizaciones advirtieron que a pesar de que se hizo pública una lista de personas propuestas para ocupar la titularidad de la CEAV, y quienes los apoyaban, no queda claro el procedimiento utilizado para proponer a Jaime Rochín, ya que el Ejecutivo federal debió consultar previamente a víctimas, expertos y organizaciones civiles.

Rochín ya fue comisionado y presidente de dicho organismo en una primera etapa, que fue seriamente cuestionada por investigadores, academia y organizaciones civiles.

Entre los firmantes de la carta están Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México; Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios; Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado de Guerrero y en el País, y Los Otros Desaparecidos de Iguala, Guerrero.