Organizaciones de la sociedad civil advirtieron que un caso de desaparición forzada que discute la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría abrir la puerta a la impunidad para responsables de esta grave violación a derechos humanos.

Un teniente coronel de infantería, sentenciado por el delito de desaparición forzada, interpuso un amparo directo en revisión, por una presunta vaguedad en la descripción del tipo penal.

Dada la trascendencia de la discusión, las organizaciones civiles entregaron un memorando a los ministros de la primera sala, en el que expresaron su total respaldo a los puntos torales del proyecto de sentencia elaborado por el ministro José Ramón Cossío Díaz, quien propone confirmar la sentencia y considerar constitucional el delito de de-saparición forzada ocurrido en instalaciones a cargo del militar.

A pesar de que la discusión del amparo directo en revisión debía tratarse en la sesión del miércoles, los ministros de la sala acordaron reprogramarla para una fecha posterior, sin precisarla.

En un recurso excepcional, explicaron las organizaciones civiles, la defensa presentó el amparo de revisión en mayo de 2016, luego de que le fue negado el amparo directo 432/2015 por el primer tribunal colegiado en materias penal y administrativa del decimoséptimo circuito.

En esa ocasión, los magistrados confirmaron por unanimidad la responsabilidad penal del mando militar por haber propiciado y mantenido dolosamente el ocultamiento de un hombre que fue arbitrariamente sustraído de su domicilio por elementos castrenses, mantenido incomunicado y sujeto a actos de tortura en instalaciones de la tercera compañía de infantería no encuadrada, en el estado de Chihuahua, en marzo de 2009.

En un posicionamiento conjunto, las organizaciones civiles destacaron que la SCJN puede dar un importante mensaje de rechazo a las desapariciones al resolver este caso y evitar la impunidad.

Además, solicitan a la Corte que se pronuncie sobre la necesidad de que se apruebe a la brevedad la Ley General para Prevenir y Sancionar las Desapariciones, todavía pendiente desde hace más de un año.

Entre las organizaciones firmantes están el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), la Comisión Mexicana de Defensa y promoción de los Derechos Humanos, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y Fundar.