La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó en la revisión de la cuenta pública 2015, que el programa Escuelas al Cien sí constituye una obligación financiera y pasivo a largo plazo para las entidades del país. Y de persistir la volatilidad, los entes públicos que adquirieron los certificados bursátiles de ese programa deberán asumir una pérdida en la inversión.

Escuelas al Cien, el programa estrella de la Secretaría de Educación Pública (SEP), fue revisado por el ente fiscalizador. Refiere que el argumento jurídico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se sustenta en la idea de que el financiamiento a través de los Certificados de Infraestructura Educativa Nacional (Cien) no constituye deuda pública.

“Sin embargo, para las entidades federativas el programa implica ejercer en los tres años siguientes, de forma anticipada, 25 por ciento de los recursos presupuestarios del Fondo de Aportaciones Múltiples y restringir durante 25 años, en esa proporción, el gasto de inversión para infraestructura educativa.

En consecuencia, representa una obligación financiera y un pasivo de largo plazo que se deberá revelar en los presupuestos de egresos de los siguientes ejercicios fiscales, por lo que es preciso solicitar al Consejo Nacional de Armonización Contable que rei­tere, mediante un exhorto a las entidades federativas, cumplir con las obligaciones de registro y revelación del programa Escuelas al Cien en sus cuentas públicas.

Obligación y pasivo

La ASF, a cargo del contador Juan Manuel Portal, confirma que los instrumentos financieros de los Cien representan una obligación y un pasivo de largo plazo para las entidades federativas que restringirá en el futuro sus finanzas públicas.

Para dar viabilidad a ese programa se requiere evaluar el financiamiento mediante los Cien a partir de 2017, ya que las condiciones de los mercados difieren significativamente de las que prevalecían cuando se diseñó el programa.

Esta situación es relevante para los entes públicos y para la banca de desarrollo, tenedores de los Cien, los cuales tienen que cumplir con la normativa nacional y las mejores prácticas internacionales. De persistir la volatilidad financiera, los entes públicos que adquirieron los certificados bursátiles del Programa Escuelas al Cien deberán asumir una pérdida en la inversión realizada, lo que significa un costo que se deberá reflejar en su balance financiero y, de manera consolidada, en los estados financieros del gobierno federal.

Alternativa óptima

Con tal evidencia la auditoría recomienda realizar un análisis costo-beneficio de los mecanismos de potenciación, en el contexto agregado de las finanzas públicas, con el objetivo de determinar la alternativa óptima que demuestre que el beneficio a corto plazo es mayor que su costo a largo plazo, en comparación con otras opciones de gasto público y de financiamiento.

Es necesario que los diferentes esquemas e instrumentos financieros que se utilicen como opción para la inversión en infraestructura tengan un marco institucional bien definido en cuanto a su normativa, características de los convenios de coordinación y colaboración, la fundamentación y motivación; los criterios y regulación operativa que incluyan los parámetros que determinen la viabilidad financiera del mecanismo que se utilizará, los vehículos de financiamiento por emplear; la revelación de información contable, financiera, presupuestaria y programática; la evaluación de los avances y resultados; así como una administración de riesgos y de los pasivos contingentes, en términos de las disposiciones aplicables y de las mejores prácticas.