Washington.

El gobierno del presidente estadunidense, Donald Trump, sopesó una propuesta de movilizar hasta 100 mil efectivos de la Guardia Nacional para que participaran en redadas contra migrantes sin papales, entre ellos millones que viven en lugares muy alejados de la frontera con México, según un borrador de memorando obtenido por la agencia Associated Press (Ap) y difundido este viernes. La información fue desmentida por el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, quien afirmó que el documento es 100 por ciento falso.

Miembros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) indicaron que fueron informados por colegas de dos oficinas de la dependencia que la propuesta fue considerada incluso el pasado 10 de febrero. Uno de los funcionarios del DHS dijo que el texto era uno preliminar que no se estudió seriamente y que ni siquiera fue llevado al secretario John Kelly para su aprobación.

El documento, de 11 páginas, llama a una militarización sin precedente en la aplicación de las leyes de migración en sitios tan al norte del país como Portland, Oregon, y tan al este como Nueva Orleans, Luisiana. El texto puede verse en la dirección http://apne.ws/2l1Dj0k

El proyecto incluye cuatro estados fronterizos con México –California, Arizona, Nuevo México y Texas– y siete contiguos a éstos: Oregon, Nevada, Utah, Colorado, Oklahoma, Arkansas y Luisiana.

Sean Spicer dijo el viernes que el documento no es de la Casa Blanca. Agregó: No se están realizando gestiones para hacer lo que se insinúa.

Ap pidió declaraciones a la Casa Blanca el jueves y al DHS el viernes, pero no obtuvo respuesta.

Los gobernadores de los 11 estados tendrían poder de decisión sobre la participación de sus efectivos, de acuerdo con el texto, el cual lleva el nombre del secretario Kelly, general retirado de los marines.

Se han utilizado efectivos de la Guardia Nacional en misiones relacionadas con la migración en la frontera con México, pero nunca de manera tan amplia ni tan al norte del país.

El documento está dirigido a los directores interinos de dos agencias: el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

Se supone que el memorando serviría de guía para la aplicación del decreto sobre migración y seguridad fronteriza que Trump firmó el 25 de enero. Textos como éste son el complemento habitual de las órdenes ejecutivas.

Fechado el 25 de enero, dice que la tropa participante estaría autorizada a realizar las funciones de un agente de migración en relación con la investigación, aprehensión y detención de extranjeros en Estados Unidos.

Plantea que los efectivos serían activados de acuerdo con un programa de colaboración entre los estados y el gobierno federal, y que el personal estaría autorizado a realizar cateos e identificar y arrestar a indocumentados.

En caso de aplicarse, la medida tendría consecuencias significativas. Casi la mitad de 11.1 millones de personas que residen en Estados Unidos sin autorización viven en 11 estados, según cálculos del Centro de Investigaciones Pew, con base en el censo de 2014.

El uso de la Guardia Nacional incrementaría de manera significativa el número de sin papeles afectados por un decreto presidencial de Trump del mes pasado, en el que se amplía la definición de lo que puede ser considerado criminal y, por tanto, convertirse en objetivo potencial para deportación. La medida también permite que los agentes migratorios den prioridad de expulsión a cualquiera que haya cometido actos que constituyan una ofensa penal de la que puedan ser acusada.

Con las reglas actuales, incluso si se implementara la propuesta, no habría deportaciones masivas inmediatas. Aquellos que tengan órdenes de deportación podrían ser enviados de regreso a su país de origen sin procedimientos adicionales de la Corte. Pero en general se requerirían órdenes para la mayoría de los migrantes no autorizados.