Veracruz repite el primer lugar en la lista de estados con mayor daño al erario al acumular observaciones por 34 mil 57 millones de pesos, de acuerdo con el Informe General de la Cuenta Pública 2015 que esta semana presentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La ASF detectó que durante 2015 –en el sexenio de Javier Duarte de Ochoa– llegaron 50 mil 989 millones de pesos de recursos federales a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) estatal.

Del total, la administración de Duarte recibió observaciones por un monto de 7 mil 704 millones de pesos, cifra a la que hay que añadir los 26 mil millones de pesos en observaciones hechas entre 2011 y 2014, que a la fecha no han sido solventadas.

Y hay que sumar los 310 millones de pesos por concepto de procedimientos resarcitorios que derivaron de las observaciones.

En este sentido, la ASF detectó en la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) el mayor número de irregularidades en el manejo de recursos federales asignados a la entidad.

El daño patrimonial podría ser de 2 mil 109 millones 764 mil pesos –más intereses generados por 463 millones de pesos que no están en la cuenta del fondo–, recursos transferidos al gobierno del estado mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas para el pago de la nómina de maestros de la SEV.

En el periodo de Flavino Ríos Alvarado como titular de la SEV y Xochitl Adela Osorio Martínez, subsecretaria, la ASF detectó que la entidad aplicó el recurso sin observar la normativa, y pagó gastos de operación que no son financiables con recursos de este fondo. Además, se generaron intereses que no fueron reintegrados a la cuenta específica.

Ni Ríos Alvarado ni Osorio Martínez se pronunciaron sobre la manera en que se manejaron los recursos de la educación, desde la Sefiplan, a cargo en ese entonces de Antonio Gómez Pelegrín.

Al final del sexenio Duartista, Gómez Pelegrín aceptó que durante el tiempo que estuvo en la dependencia fue práctica común que se utilizaran recursos de fondos federales para fines distintos a los que estaban etiquetados, y que todo lo hacía por indicaciones de Javier Duarte.

En la administración pasada Vicente Benítez González se desempeñaba como oficial mayor de la SEV. En junio del 2016 una televisora en Costa Rica dio a conocer que él y su esposa tenían nueve propiedades en ese país, algunas de ellas en zonas exclusivas. Actualmente Benítez González es diputado local por el Partido Nueva Alianza.

Y mientras Duarte está prófugo, algunos de sus colaboradores –señalados por el desvío de más de 35 mil millones de pesos en su administración– desempeñan nuevos encargos públicos.

Entre ellos están Antonio Tarek Abdalá Saad, actual diputado federal y que fue subsecretario de la Sefiplan; Edgar Spinoso Carrera, diputado federal, fue Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, y Vicente Guillermo Benítez González, diputado local, con Duarte fue tesorero de la Sefiplan.

Guanajuato no ha solventado 6 mil 900 millones de pesos

El gobierno panista de Guanajuato aún no solventa observaciones por más 6 mil 900 millones de pesos realizadas entre 2011 y 2014, de acuerdo con el informe de la cuenta pública 2015 presentada por la ASF, informó la diputada federal priísta Bárbara Botello Santibáñez.

Guanajuato ocupa el último lugar del país en el monto de lo solventado de las observaciones de 2011 a 2014, de 6 mil 973 millones de pesos, sólo ha saldado 13.7 millones de pesos, explicó la ex alcaldesa de León.

Con los montos no solventados, más las observaciones del 2015, que corresponden a 2 mil 233 millones de pesos, la cifra de irregularidades en el gasto público asciende a 9 mil millones de pesos durante las administraciones de los ex gobernadores Juan Manuel Oliva Ramírez, Héctor López Santillana, como interino, y el actual Miguel Márquez Márquez.

Botello calificó de alarmante que 2015 tenga observaciones por más de 2 mil millones de pesos.

Los datos revelan que hay muy poca eficacia en el gasto público federal que ejerce el gobierno de Guanajuato y, peor aún, que incumple las disposiciones de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas por tener arriba de los 6 mil millones de pesos pendientes de solventar, sostuvo.

Agregó que de acuerdo con el informe de la ASF, el gobierno de Guanajuato ocupa el lugar 11 a escala nacional con el mayor porcentaje entre lo subejercido, respecto al monto asignado en fondos y programas auditados.