Amaranto: entre el deber y el derecho

Julieta Ponce Nutrióloga COA Nutrición  [email protected], www.coa-nutricion.com

FOTO: Roque Reyes Mendoza y Stan Pedro Cruz

México tiene derecho a producir, distribuir y consumir amaranto como cultivo estratégico para re-construir otro país posible.

La firma de tratados internacionales durante los 50 años recientes sobre derecho a la alimentación mostró un interés político nunca traducido en avances para la construcción de una estructura gubernamental capaz de garantizar la existencia, el acceso, la permanencia y el consumo de comida sana para toda la población.

Luego de casi dos décadas de una lucha ciudadana y académica –en medio de hambre y obesidad–, México reconoció en 2011 la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad como derecho constitucional; es decir, el Estado mexicano adquirió la obligación legal de establecer las condiciones necesarias para garantizar a toda persona en la sociedad alimento para vivir con bienestar.

La participación de la sociedad civil para elevar a la máxima jerarquía de derecho el bien comer ha dotado al texto constitucional de legitimidad y legalidad, elementos fundamentales para la construcción de ciudadanía y buen gobierno. Nada como la alimentación cuenta con el interés general de ser protegida como prioridad humana, incluso frente a la educación, la vivienda y el trabajo. La panza es primero.

Detrás de la comida funciona una maquinaria del sistema alimentario soportado por procesos de producción o compra, distribución y consumo para satisfacer la demanda de una población creciente cada vez más pobre, mal nutrida y rezagada.

El contenido del derecho a la alimentación recae justo en la relación del bien comer con las posibilidades de desarrollo para vivir con bienestar y, en la capacidad de revertir un círculo fatídico de deterioro humano por comer mal. Los derechos humanos sin exigencia ni justicia son discurso político; por tanto, un Estado considerado de vanguardia en la realización del derecho alimentario tiene la obligación de demostrar avances en cuatro aspectos: 1) existencia de comida sana para todas las personas, 2) capacidad para adquirirla y consumirla, 3) mecanismos para su resguardo y control de precios y, por último, 4) evidencia de los efectos positivos de su consumo en las personas. Estos cuatro pilares son algunas dimensiones del derecho alimentario; se les reconoce como disponibilidad, accesibilidad, estabilidad y aprovechamiento humano.

Pero la primera virtud consiste en definir cuáles son los alimentos nutritivos necesarios para la supervivencia, el desarrollo físico e intelectual conforme a derecho, en armonía con otros derechos sociales como acceso a la salud, ambiente adecuado, agua limpia y vivienda digna. La segunda virtud de un buen gobierno es definir dónde están y cuáles son los riesgos alimentarios para la salud, a fin de advertir a la población y proteger primordialmente a los grupos vulnerables de su consumo.

Un alimento estratégico sirve para tomar decisiones en todo momento. México atraviesa una de las peores crisis de salud en toda su historia, enmarcada en un  contexto de empobrecimiento y desigualdad, donde la alimentación saludable se perfila como una ruta de posibilidades tanto de crecimiento económico como de combate al mal comer.

El amaranto está calificado como alimento estratégico, al reunir, en su pequeñez, todas las cualidades requeridas para la presente coyuntura: ser un grano de origen genético mexicano (considerado un recurso fitogenético como base alimentaria con posibilidad de desarrollo de nuevas variedades), culturalmente aceptado, disponible y accesible todo el año, de producción agroecológica y, sobre todo, concentrado en nutrientes de alto valor biológico.

El valor nutricional del amaranto, o huautli, merece ser integrado a un plan nacional alimentario basado en los pilares del derecho, para fomentar desde la producción hasta el consumo humano. La misma Constitución Política de México, en la fracción XX del artículo 27, indica el camino legal a seguir para avanzar en la garantía del bien comer:

“El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral […] para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.

“El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca”. (Tomado de DOF 13 de octubre de 2011).

Una vez definidos los alimentos estratégicos, será indispensable orientar los recursos públicos no sólo a incentivar de forma aislada la producción suficiente para cubrir la demanda del entorno, sino a asegurar el acopio y resguardo del grano por parte del Estado para establecer los precios mínimos de compra y evitar monopolios. Es inexcusable generar toda la tecnología necesaria para almacenar en sitios estratégicos vinculados a la distribución, esto incluye los flujos de transporte junto a la logística de mercados.

La planeación de mercados se diseña con base en el consumo; sin embargo, el consumo actual del amaranto es menor a medio gramo diario por persona (de acuerdo con el Atlas Agroalimentario 2016, del SIAP). Es aquí donde el Estado puede influir al asegurar compras programadas para abastecer al sector público en instituciones de gobierno: escolares, hospitalarias, militares, policiacas y de reclusión, entre otras. Sin consumo humano, el derecho es inexistente, pero al aumentar las compras federales se agiliza el abasto con la subsecuente generación de empleos, la protección del mercado interno, la protección de pequeños productores campesinos y, sobre todo, la recuperación de la vocación culinaria saludable mexicana.

Ante amenazas del gobierno vecino y en atención a la alerta epidemiológica, se hace urgente –y oportuna– la postura del Estado Mexicano para definir una estrategia nacional, a fin de replantearse la ruta hacia otro modelo de nación. Hoy la alimentación es un acto político con impacto público. El amaranto se perfila en su justa dimensión histórica de origen, una pequeña semilla multiplicadora de posibilidades de futuro.

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