Los actuales registros estadísticos del gobierno mexicano sobre personas desaparecidas no tienen la información elemental para entender este fenómeno, debido a la inconsistencia de sus datos y al desorden en sus criterios de formación, lo cual genera desconfianza en las instituciones y acrecienta la impunidad, advirtió el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).

Al presentar el primer fascículo del estudio titulado ¿Cómo entender las desapariciones forzadas e involuntarias?, el director general del ONC, Francisco Rivas, indicó que una de las principales fallas de los registros gubernamentales es su gran multiplicidad y falta de claridad conceptual, pues en muchas ocasiones se habla de forma indistinta de personas desaparecidas, ausentes o no localizadas.

La consecuencia de ello es que resulta prácticamente imposible saber con exactitud cuántas personas desaparecidas hay en México, y por tanto no se puede combatir este delito. Una prueba es el hecho de que en menos de la mitad de los estados del país se han iniciado procesos judiciales por desapariciones forzadas entre 2014 y 2015, y no hay una sola sentencia.

No tenemos elementos para poder dar hoy una cifra precisa o aproximada de cuántas desapariciones hay. Se habla de 20 mil, pero no tenemos idea porque no hay un esfuerzo del Estado por subsanar lo que saben que está mal, lamentó.

Otras de las deficiencias de esquemas como el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, de la Secretaría de Gobernación, es que no permite identificar tendencias o patrones para comparar cómo se desarrolla el fenómeno a lo largo del tiempo, además de que tiene inconsistencias graves con respecto a las bases de datos de los gobiernos estatales.