Las bancadas de PRI y PAN en la Cámara de Diputados anunciaron que uno de los primeros temas a discutir en el periodo de sesiones que se inicia el miércoles será la iniciativa para una ley de seguridad interior, que permita la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

El anuncio fue hecho en la reciente reunión de la Junta de Coordinación Política, donde las fracciones de PRD y Morena señalaron que no puede permitirse la legalización de operativos militares en las calles, después de que las fuerzas armadas, de manera reiterada, se han visto implicadas en graves violaciones a derechos humanos.

Después de que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina insistieron en la aprobación de dicha ley, que contó con su visto bueno e incluso participación en la redacción de la iniciativa priísta, y ante las críticas del contenido, las dos cámaras del Congreso decidieron darse todo enero para el trabajo conjunto y la realización de foros, que no ocurrió.

El Senado convocó a uno, al que no se invitó al PRD, el cual expresó su descontento. Además, el compromiso era que las comisiones de las dos cámaras, las cuales se turnaron las iniciativas del PRI y del PAN, también trabajarían en conjunto, pero tampoco lo hicieron.

La propuesta priísta considera que soldados y marinos intervengan en operaciones en las calles con destacamentos y escoltas de seguridad, bases de operaciones móviles y fijas, así como puestos de seguridad, intercepciones terrestre, aérea y marítima, patrullajes, puestos de vigilancia, reconocimientos, seguridad en instalaciones estratégicas y las demás que se consideren necesarias.

El 8 de diciembre pasado, el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, demandó al Congreso una ley que defina los límites del Ejército en tareas de seguridad pública. Hasta dónde sí, hasta dónde no, y nosotros haremos lo que siempre, lo que dice la ley, acataremos lo que disponga el propio Congreso, dijo.

En la postura que al respecto presentará hoy el PRD en su plenaria, se resalta que en el contexto del combate al crimen organizado las fuerzas armadas se han visto implicadas “en graves violaciones de derechos humanos en forma reiterada, incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, en el marco de acciones contra el crimen organizado.

El gobierno no ha logrado avances significativos, y todos los casos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales siguen sin resolverse, empezando por los 43 estudiantes de Ayotzinapa, siguiendo con la masacre de San Fernando, la de Tanhuato y la de Nochixtlán, entre otras, indica.

Resaltó que cumplirá el resolutivo del 15 congreso extraordinario de su partido, donde se definió el rechazo categórico a “cualquier iniciativa que, violentando la Constitución, pretenda legalizar la participación y control de las fuerzas armadas en situaciones de ‘afectación a la seguridad interior’. No acepta ninguna reforma o política pública que contribuyan a la criminalización de la lucha por las libertades, la democracia o la protesta social, ni seremos copartícipes de la construcción de un Estado autoritario con control militar.”