Las iniciativas de PRI y PAN que se dictaminan en el Congreso para crear la ley de seguridad interior no acotan ni controlan la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico; por el contrario, permiten un despliegue militar unilateral en total opacidad, advirtió el académico e investigador Alejandro Madrazo Lajous.

En entrevista, indicó que las iniciativas en la materia presentadas por el diputado priísta César Camacho Quiroz y por el senador panista Roberto Gil Zuarth, además de inconstitucionales, son peligrosamente laxas en sus definiciones y llegan al extremo de autorizar que las fuerzas armadas neutralicen o repriman protestas pacíficas.

De aprobarse en sus términos esas iniciativas, se legaliza a nivel constitucional la militarización del país, recalcó.

Madrazo Lajous, director del Programa de Política Antidrogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y participante en los foros de discusión sobre dicha ley realizados en el Senado, puntualizó que el Congreso no tiene facultad para legislar en materia de seguridad interior, sino en seguridad nacional.

Además de esa dudosísima constitucionalidad, dijo, las iniciativas del diputado Camacho Quiroz y el senador Gil Zuarth no establecen controles para la participación militar en el combate al narcotráfico, por lo que todo puede pasar.

El investigador expuso que en la propuesta del priísta se incluye una larga lista de tareas que el Ejército y la Marina pueden realizar en algún municipio o región, entre ellas efectuar patrullajes, establecer puestos de seguridad o montar escoltas.

Sin embargo, al final de la lista se expresa: Y todas las demás acciones que se consideren necesarias. Ambas iniciativas, agregó, definen que el Presidente podrá desplegar a las fuerzas armadas para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva, agresiva o agresiva grave, es decir, para contener o reprimir protestas o manifestaciones pacíficas.

Inclusive la iniciativa del panista Gil Zuarth autoriza llegar a la fuerza letal para contener la protesta pacífica.

Además, el uso y el despliegue militar pueden ser realizados unilateralmente por el Ejecutivo, sin ningún control efectivo del Congreso, recalcó el también doctor en derecho constitucional.

Otro elemento preocupante, agregó, es la opacidad. La iniciativa del priísta Camacho Quiroz señala que cualquier información que se genere con la aplicación de la ley –no la delicada, logística, sino cualquiera– se considerará de seguridad nacional y por tanto queda reservada.

Ello es particularmente grave, porque en la década que el Ejército lleva en las calles asumiendo labores policiacas la experiencia demuestra que la inseguridad y la violencia aumentaron, así como las violaciones a derechos humanos.

Es delicado, insistió, legalizar la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado, con un marco jurídico tan laxo y poco transparente. Recordó que desde 2014 el Ejército decidió no dar a conocer los datos de letalidad en su actuación.

Entre 2003 y 2007, más de 3 mil ciudadanos han muerto a manos de las fuerzas públicas, sin que haya un juicio o una investigación, pero ahora ya ni siquiera podrán saberse las cifras.

Madrazo Lajous pidió valorar la experiencia de 10 años de utilizar a la fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, así como los estudios recientes del CIDE sobre el incremento de la violencia que ha provocado en aquellos municipios donde fueron desplegadas.