Profesores, especialistas y defensores de los derechos de niños y adolescentes expresaron su preocupación ante el anuncio del presidente Enrique Peña Nieto de profundizar los protocolos de seguridad que se aplican en las escuelas y que incluye fortalecer acciones como el operativo Mochila segura.

En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Secretaría de Educación Pública, así como a las demás autoridades del ámbito educativo, que al aplicar el operativo Mochila Segura se considere el interés superior de la infancia y adolescencia, al tiempo que se evite cualquier violación a sus derechos humanos.

En entrevista por separado, señalaron que es una medida que no sólo ha probado ser ineficaz y discriminatoria, sino que criminaliza a niños y adolescentes.

Ángel Díaz Barriga, experto en educación e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, consideró que incrementar los mecanismos de vigilancia no resolverá el problema de fondo. Hay una sociedad enferma por tanta violencia, frente a un Estado débil y un sistema educativo nacional que ha descuidado la formación del individuo desde hace décadas.

Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, advirtió que el operativo Mochila segura, que en Ciudad de México se aplicó por primera vez en 2002, ha demostrado su ineficacia. Es una medida que criminaliza y estigmatiza a niños y adolescentes, además de que viola su derecho a la intimidad.

Agregó que el Estado no puede evadir su responsabilidad para garantizar una vida libre de violencia a niños y adolescentes, pero destacó que cualquier acción o programa requiere recursos y es precisamente lo que no tiene el Sistema Integral para Prevenir la Violencia de Niñas, Niños y Adolescentes, mientras que la partida destinada a prevenir la violencia pasó de mil 200 millones a cero pesos.

La aplicación de controles en colegios comenzó en el sexenio de Vicente Fox en 2007, cuando la Secretaría de Educación Pública lanzó Escuela segura, el cual se generalizó en el país en 2008.

Sin embargo, en la revisión de la Cuenta Pública 2013 la Auditoría Superior de la Federación detectó que pese a una inversión superior a los mil millones de pesos, no se tenía ninguna evidencia que su aplicación hubiera mejorado los espacios de aprendizaje y prevención de la violencia en los 53 mil planteles donde se aplicó.

Por su parte, Nashieli Ramírez, experta en infancia y adolescencia y fundadora de Ririki Intervención Social, destacó que el gobierno federal no puede responder a casos como los ocurridos en Monterrey, Nuevo León, con el reforzamiento de una estrategia que ha demostrado ser un fracaso para prevenir la violencia, porque el problema de las armas no es de la escuela, sino de su disponibilidad y de un mercado ilegal de armas que no se ha querido controlar.