Mexicali, BC.

El Congreso del estado abrogó en sesión extraordinaria la Ley del Agua de Baja California, impulsada por el gobernador panista Francisco Vega de Lamadrid, luego de la protesta que congregó a cerca de 10 mil personas el pasado 12 de enero, porque implicaba incrementar las tarifas casi 30 por ciento, concesionar el servicio de agua potable y cortar el suministro a los deudores.

Sin embargo, Vega propuso otras cuatro iniciativas: la Ley de Fomento a la Cultura del Cuidado del Agua y la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado de Baja California, además de reformas a las leyes de Ingresos y de Hacienda.

Legisladores locales de los partidos Encuentro Social (PES) Morena, de Baja California (BC) y Movimiento Ciudadano (MC) consideraron que la iniciativa de ley de comisiones estatales de servicios públicos, que entregaría al gobierno estatal la administración del agua, es contraria al artículo 115 constitucional, el cual estipula que este servicio es del ámbito municipal.

La abrogación fue aprobada por los ocho partidos representados en el Congreso local, incluidos Acción Nacional (PAN), el de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), las cuales el 20 de diciembre de 2016 aprobaron la ley que provocó el repudio en su contra y del Ejecutivo.

La diputada panista María Trinidad Vaca Chacón leyó la iniciativa del gobernador Vega, que suprime la ley publicada el 30 de diciembre de 2016.

El bloque de diputados de oposición (PES, PBC y Morena), al igual que la bancada del Revolucionario Institucional (PRI), que rechazaron la nueva ley se pusieron de pie para votar y afirmaron que la abrogación es un triunfo de los ciudadanos.

Los 13 diputados panistas y la legisladora perredista se mantuvieron en su curul para votar y repitieron el lema de campaña de Vega: la gente manda.

Una vez aprobada la eliminación de esta ley, un centenar de manifestantes que ingresó a la sala de sesiones Benito Juárez entonaron el Himno Nacional y aplaudieron la medida.

La norma imponía un aumento hasta de 30 por ciento a las tarifas a partir de 2017. El cobro se incrementaría cada año sin necesidad de aprobación del Congreso local y se actualizaría cada mes con base en una fórmula que incluía la inflación, la unidad de medida y actualización, la estimación del gasto corriente, así como los costos de operación fijos y variables del año.