La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope) de la Ciudad de México se amparará contra el envío por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de 26 mil requerimientos a igual número de comercios en el país para que informen de las variaciones de precios, el inventario de productos y servicios, e incluso del capital con que cuentan, para evitar la aplicación de multas hasta de 24 mil 340 pesos.

En conferencia de prensa, la presidenta y el director administrativo de la Canacope, Ada Irma Cruz y Enrique Guerrero, rechazaron convertir a los comerciantes en culpables de los aumentos derivados del alza en el precio de los combustibles, los cuales han variado entre 3 y 5 por ciento.

La tortilla, por ejemplo, subió entre uno y dos pesos para comercializarse en 14 pesos el kilo en varios puntos de la ciudad, ante la imposibilidad del sector de absorber en su totalidad los incrementos, lo cual sucede en otros giros, pero no en la misma proporción, porque están disminuyendo sus utilidades.

Consideraron que el acuerdo firmado para proteger al consumidor de alzas injustificadas a los precios de productos básicos se está desvirtuando, al “querer criminalizar de facto a empresarios y dueños de negocios de ser los responsables de éstas, cuando somos el último eslabón de la cadena productiva”.

Por ello, solicitaron al presidente Enrique Peña Nieto que convoque a transparentar las acciones, protocolos y sanciones a las dependencias e instituciones que facultó para dicha vigilancia, pues no estamos dispuestos a pagar un solo peso por multas derivadas de requerimientos sin sentido.

Hoy, argumentaron Ubaldo Ortega y Víctor Gardoqui, presidentes de Canacope en Pachuca y Canaco en Álvaro Obregón, se ha despertado un ánimo de zozobra e incertidumbre en el sector, por los alcances de las inspecciones, apercibimientos y posibles sanciones.

De no cumplir, en 48 horas pagarán una multa de 24 mil 340 pesos; por información incorrecta, 9 mil 377, y por cada día que tarden en entregarla una cantidad igual, cuando muchos son gente de la tercera edad, tienen instrucción secundaria, están enfermos o carecen de recursos para trasladarse a las oficinas de la Profeco en la colonia Condesa para entregarla, precisaron Ortega y Guerrero.