El Gobierno de la Ciudad de México, reconocidos juristas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y activistas interpusieron 12 amparos contra la flexibilización de los precios de la gasolina, con el que se busca dejar sin efecto el acuerdo emitido por la Federación en ese sentido. Confiaron en que se sumen más organizaciones sociales.

Los amparos fueron interpuestos de manera individual por Manuel Granados Covarrubias, en su calidad de consejero jurídico y de servicios legales, así como por los doctores Raúl Carrancá y Rivas, Eduardo López Betancourt y Julián Güitrón Fuentevilla, con el argumento de que la determinación de establecer regiones con precios diferenciados del combustible, carece de fundamentación, por lo que se violentan los principios de igualdad y proporcionalidad.

Antes, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, calificó de no legal esa distribución de tarifas por regiones, que afecta sustancialmente más que incentivar la inversión.

Ante esta situación, subrayó que es obligación de su gobierno defender a la Ciudad de México; la vamos a defender políticamente, jurídicamente, en todos los terrenos. No es aceptable esto, cuando de por sí ya es un golpe muy fuerte a la economía el incremento a las gasolinas de la manera en que se dio.

En el amparo también se impugna la constitucionalidad del artículo 27 de la Ley de los Órganos Coordinadores de Energía, que estipula que no se otorgará suspensión en juicio de amparo tratándose de la materia energética, con lo que, señaló el jurista Raúl Carranca, se pretende abrogar una ley superior, como la de amparo.

Tras presentar el recurso legal, Granados Covarrubias llamó a los capitalinos a sumarse a esta estrategia jurídica, para lo cual, en el portal de la Consejería Jurídica se publicará el formato de amparo, así como un instructivo para que puedan presentarlo ante la autoridad correspondiente.

Expresó que el objetivo es dejar insubsistentes los acuerdos por los que se flexibiliza el precio de la gasolina, es decir, se vuelva al costo anterior y se tome una nueva medida al respecto. Advirtió que de no ser aceptados los amparos se impugnarán dichas decisiones.

Carrancá y Rivas manifestó que el aumento en el precio del combustible viola derechos fundamentales, pues fue una decisión totalmente arbitraria, y no descartó que el asunto pueda llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Al señalar que el gobierno federal cobra cinco pesos con 25 centavos de impuesto por cada litro , Güitrón Fuentevilla manifestó que esta batalla no se agota en un amparo. Destacó que es la primera vez que un gobernante del país se pone al lado del pueblo ante este incremento injusto.

Otros que presentaron amparo fueron los juristas Carlos Daza Gómez y Miguel Ángel Granados, la diputada constituyente Lol Kin Castañeda, la abogada de las autodefensas Talía Vázquez; y en los próximos días, con el apoyo del gobierno de la ciudad, harán lo propio diversas organizaciones sociales.