Organizaciones y centros de derechos humanos advirtieron que de aprobarse la ley de seguridad interior en los términos en que se discute en el Congreso de la Unión, la crisis de violaciones a los derechos humanos que vive el país se agravaría aún más, ya que se estaría prácticamente legalizando la impunidad con la que actúan las fuerzas armadas.

Ejecuciones extrajudiciales como la ocurrida en Tla-tlaya, estado de México, donde el Ejército presuntamente usó de manera desproporcionada su fuerza letal y manipuló el lugar de los hechos para encubrir lo ocurrido, se repetirán con mayor frecuencia en el resto del territorio nacional, consideraron.

Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, puso de ejemplo lo ocurrido también con el indígena Bonfilio Rubio Villegas, ejecutado extrajudicialmente por el Ejército Mexicano en junio de 2009 en Guerrero, y cuyo caso fue presentado hace unos días a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de agotarse todas las instancias nacionales para obtener justicia.

En los casos Tlatlaya –donde al menos 15 de los 22 civiles muertos fueron ejecutados por militares, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)– y de Bonfilio Rubio, el Ejército aplicó la fuerza en forma desproporcionada, manipuló la escena de los hechos y sembró evidencias para encubrir sus actos, además de que la justicia civil no los llama a cuentas.

Agregó que en México no hay sentencias en contra de militares que han violado derechos humanos. Es por eso que prevemos que estos hechos nos alertan de lo que podría pasar si la ley de seguridad interior es aprobada en los términos en que se discute, expresó.

Por su parte, Abel Barrera Hernández, del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, en Guerrero, señaló que esa actuación de los militares es ya un patrón de comportamiento, que en esa entidad lo han confirmado con el paso ya de varias décadas, donde tras la violación a los derechos humanos de la población, siembran evidencias para encubrir a los perpetradores.

Aseguró que la situación de impunidad se agravaría con la nueva legislación, pues desde ahora los militares no rinden cuentas a nadie de su actuación y en los hechos están por encima de la autoridad civil. Incluso, aseguró, los jueces se supeditan a los militares. No hay ya manera de controlarlos.

En tanto, Manuel Olivares, del Centro José María Morelos y Pavón, en Chilapa, Guerrero, rechazó que el malestar de los militares sea porque realizan tareas de seguridad pública; su enojo es porque no tienen un marco jurídico que les garantice que no serán llamados a cuentas y se garantice su impunidad.

Resaltó que durante el año que recién concluyó, en el estado se han documentado 146 asesinatos, 41 desapariciones y han sido localizados 56 cuerpos en fosas clandestinas.

Es falso que con la presencia militar en la entidad se tenga mayor seguridad, lamentó.