De enero de 2014 al 31 de septiembre pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró 13 expedientes por violación al derecho a la vida, donde los agraviados son migrantes.

En estos casos han estado involucrados personal del Instituto Nacional de Migración (INM), Policía Federal, Comisión Nacional de Seguridad, de las secretarías de la Defensa y de Marina, así como policías y funcionarios de Veracruz, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Chiapas, Guanajuato, Ciudad de México y estado de México.

De acuerdo con el cruce de solicitudes de información por transparencia, también se tiene el registro de que entre 2014 y 2015, se levantaron dos expedientes por tortura contra migrantes, y otras 196 denuncias por trato cruel, inhumano o degradante, casi todas atendidas por la quinta Visitaduría General de la CNDH, encargada de atender el sector de migrantes.

En la solicitud de información 00074216, el organismo nacional reportó que entre enero de 2011 y octubre de 2016, se emitieron 19 recomendaciones por violaciones a los derechos humanos de los migrantes, uno de los sectores más vulnerables, donde casi la mitad aún está en trámite de ser cumplida por las autoridades a las que fueron enviadas. (Por un solo expediente de queja o denuncia se puede tener registrada una o más autoridades señaladas como presuntas responsables.)

Otras violaciones

En el caso de los 13 expedientes por privación de la vida, se suman otras violaciones a los derechos humanos, como tortura, trato cruel e inhumano, detención arbitraria, negar atención médica de urgencia, omitir brindar atención y auxilio, causar daño derivado del empleo arbitrario de la fuerza pública, omitir fundar un acto de autoridad, fincar actos o delitos falsos, apoderarse de un bien mueble sin consentimiento del propietario (robo), y prestar indebidamente el servicio público al que está obligado.

De estas 13 denuncias, cinco se presentaron durante 2014; siete en 2015, y una entre enero y septiembre de 2016, según la solicitud de información 00072716.

En su recomendación general 13/2006, sobre las prácticas de revisión migratoria, la CNDH ha acreditado que autoridades federales, estatales y municipales realizan verificación y vigilancia migratoria de manera ilegal en agravio de migrantes extranjeros indocumentados, lo que constituye una práctica violatoria a sus derechos humanos a la igualdad, a la libertad de tránsito, a la legalidad y a la seguridad jurídica.