Buenos Aires.

El transporte público agrupado en la Unión de Transportes Automotores (UTA) se paralizará este lunes de las 5 a las 7 horas, en rechazo al impuesto a las ganancias que el gobierno de Mauricio Macri prometió anular durante su campaña electoral, a lo cual se sumará la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, que lidera Juan Carlos Schmid, uno de los dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT).

El titular de la UTA, Roberto Fernández, afirmó que se realizarán asambleas y algunos gremios podrían parar labores todo el día. Los del transporte aéreo se suman a esta suspensión de actividades. Además, no se recolectará basura ni habrá suministro de combustible, transporte de carga ni flota marítima y fluvial.

Se realizarán asambleas informativas por sector y se prevén complicaciones para viajar.

Casi 60 por ciento del sueldo lo tenemos en horas extras, feriados y francos, así como en viáticos. Esto se lo lleva el impuesto (a las ganancias). Esto es lo que estamos diciendo al gobierno y lo que discutimos en el Congreso, explicó Fernández.

Por su parte, Schmid recordó que la eliminación del impuesto fue un compromiso del presidente Mauricio Macri durante la campaña electoral. Criticó al gobierno porque de forma tardía, desprolija y mal presentó un proyecto de reformas a finales de año, y lo que se hace a las apuradas nunca termina bien.

Este lunes habrá una nueva reunión entre el gobierno y la CGT para discutir la reforma.

Pero además otros anuncios y decisiones gubernamentales produjeron una verdadera rebelión de estudiantes y de rectores de universidades.

Después del proyecto de crear una cárcel para migrantes, la deportación y el aumento de los operativos contra extranjeros, destruyendo los programas y acuerdos de la integración en la patria grande, que regularizaba la documentación de habitantes de estados del Mercado Común del Sur, y la arremetida contra los ciudadanos de países vecinos por utilizar los servicios de salud, ahora el gobierno reclamó a los rectores de todas las universidades públicas del país que informen la cantidad de alumnos extranjeros que cursan, en qué carreras lo hacen y de qué países provienen.

No existe un motivo declarado para esa solicitud, que ya se califica de discriminatoria y racista. El diputado oficialista Eduardo Amadeo subrayó: Queremos saber a quién le ponemos la plata.

Varios rectores han expresado que no aceptarán esa solicitud y las protestas estudiantiles se dejerán sentir en los días próximos.