El hecho de que la Procuraduría General de la República (PGR) desconozca la validez de un informe que documenta irregularidades graves en la indagatoria del caso Ayotzinapa deja ver que esa investigación en realidad es la crónica de un encubrimiento anunciado para negarle a los padres y madres de las víctimas el derecho a la verdad y la justicia.

Así lo afirmó el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), Mario Patrón, quien consideró de vital importancia que las autoridades del país den una explicación de los diversos fallos cometidos en la pesquisa sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, como publicó el jueves el diario estadunidense The New York Times.

En entrevista con La Jornada, Patrón explicó que en su reunión de mayo de este año con la entonces titular de la PGR, Arely Gómez, los padres de los normalistas preguntaron a la funcionaria qué pensaba hacer para resolver las irregularidades que había documentado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en la indagatoria sobre Ayotzinapa.

Exigencias

Una de las principales falencias reprochadas era la evidencia de tortura en contra de 17 personas inculpadas por los hechos, entre ellas las seis que habrían confesado la supuesta incineración de los 43 jóvenes y el posterior lanzamiento de sus cenizas al río San Juan.

Otra es que el entonces jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, llevó el 28 de octubre de 2014 a Agustín García, alias el Chereje, al basurero de Cocula, en una diligencia irregular que además no se incluyó en los expedientes oficiales de la indagatoria.

En respuesta a dichos señalamientos, y a la exigencia de que Zerón fuera separado de su cargo, Arely Gómez respondió que el visitador general de la PGR, César Alejandro Chávez Flores, haría una investigación de control interno para saber qué había ocurrido.

Aunque el compromiso era entregar los resultados a los padres de los normalistas en agosto, el visitador anunció en la reunión de ese mes que ya tenía listo su proyecto, pero que no podía darlo a conocer hasta recibir autorización de la PGR. Los padres se molestaron y se levantaron de la mesa. Un mes más tarde, Chávez Flores renunció misteriosamente, subrayó Patrón.

La investigación realizada por el ex visitador general y ahora virtualmente descartada por la propia PGR –de cuya existencia habló The New York Times– es relevante porque confirma los señalamientos del GIEI de que los seis inculpados que narraron la supuesta incineración de los estudiantes fueron detenidos arbitrariamente y, al parecer, torturados.

Además, la indagatoria de Chávez advierte que Zerón violó el derecho de los familiares de las víctimas a saber la verdad, al realizar una diligencia irregular en el basurero de Cocula, que habría contaminado la escena del crimen. De todo ello se derivaban ya responsabilidades administrativas e incluso investigaciones penales, enfatizó el director del Prodh.

Si no se retoman los elementos que dijo el visitador, podríamos estar hablando de la crónica de un encubrimiento anunciado. Este documento advierte que la investigación de Ayotzinapa es toda una concatenación de irregularidades que ponen en riesgo el derecho de los padres a la verdad y la justicia, recalcó el abogado.

La que debió haber sido la investigación más profesional, cuidada y científica de la violación más grave en nuestro México contemporáneo, es hoy la más tachada de ilegalidad, de fabricación de evidencias y de intervención ilegal de funcionarios, advirtió Patrón, quien llamó al gobierno a dar explicaciones al respecto.