egún Gabriel O’Shea, titular del Seguro Popular, el sistema universal que Peña Nieto ofreció, en campaña, como nuevo derecho social, el cual hasta ahora no ha logrado concretar, se reduce apenas a intercambiar –entre IMSS/Issste/secretarías del ramo federal y estatales– sólo 700 servicios médicos, que en realidad son exclusivamente 100 intervenciones.

Esta curiosa universalidad también pretende acompañarse de acciones para acotar a los estados en la compra de medicamentos y el uso de los recursos del Seguro Popular, en consonancia con las recientes reformas a la Ley General de Salud que recentralizan autoritariamente esos fondos (DOF, 4.6.14 y DOF, 17.12.14).

La universalidad del fin del sexenio peñista sólo universalizará carencias: no cumple los parámetros de suficiencia de personal sanitario capacitado y motivado, así como de los medios disponibles para brindar la atención debida, recomendados por OMS-OPS. Tampoco amplía el catálogo de prestaciones a la altura de la ciudadanía del siglo XXI; al contrario, lo quiere reducir, como ya lo compacta a la baja el Seguro Popular. Es una universalidad de 100 intervenciones.

A la versátil ex subsecretaria de Sedesol Vanesa Rubio se le conocía por su desempeño como vocera de la Consar y de subsecretaria en Relaciones Exteriores. Esta ubicuidad estratégica puede responder a los cargos que ha ocupado su actual jefe, José Antonio Meade. En su opinión, la afiliación de 7 millones de estudiantes al IMSS los faculta para construir un futuro, ejerciendo de manera efectiva su derecho a la prevención y atención de la salud en el IMSS. Algo similar comunica el calderonista Germán Fajardo desde la dirección de la Facultad de Medicina de la UNAM quien, optimistamente, estima que esa afiliación logra el aseguramiento universal en salud para este segmento de la población.

El doctor O’Shea aguarda a que, próximamente, José Narro, secretario de Salud, esté firmando con los mandatarios estatales el acuerdo de coordinación nacional y, a partir de ahí se derivarán los acuerdos específicos. En el intercambio de servicios se negociaron los tabuladores, y nosotros (el Seguro Popular) somos los garantes porque tenemos los más bajos. Somos los más baratos, porque el Seguro Popular es un instrumento financiero; no tenemos un gran aparto administrativo, no tenemos guarderías ni pensiones; IMSS-Issste, sí, y en sus costos siempre los suman.

Sin embargo, Peña Nieto impuso una nueva responsabilidad a –las de por sí– presionadas 9 mil 237 estancias changarro de Sedesol, donde se ahorra a costa de la calidad, comprometiendo el desarrollo sicomotor de 306 mil niños. El subsidio-Sedesol suma apenas 900 pesos mensuales por hijo. Como declaró Felipe Calderón en 2012, la clave del éxito de los changarros es que “a pesar de que no les pagamos ningún sueldo a las dueñas –y por lo mismo no hay relación laboral– por ello no hay sindicato. No tenemos problema, no tenemos nómina y eso nos permite hacer crecer las estancias”.

Peña instruyó al ex secretario Meade para que los changarros se ocupen también de la educación prescolar de 1.7 millones de párvulos de cero a cinco años: Se va a mover el IMSS, Issste, DIF, Cendis, fuerzas armadas, todos quienes tienen a su cargo una niña o niño en edad preescolar, resumió. Según él, Sedesol habilitará como educadoras a las encargadas de las estancias changarro a través de certificación-Ceneval, sin incremento en los recursos del programa, que suman 3 mil 925 millones de pesos en 2016, aunque los 10 mil 656 comedores comunitarios de Sedesol están aún peor: operan sin pisos, paredes, techos ni servicios básicos. Poco después, Meade justificó la militancia o simpatía política de los funcionarios públicos. Simultáneamente, el IMSS comunicaba que, ante la creciente demanda y sus limitaciones financieras, subrogará guarderías a patrones para que las instalen en sus establecimientos.

Mientras –para universalizar el derecho constitucional a la salud vía el Seguro Popular–, Peña ostenta haber incorporado a ese programa 8.3 millones de beneficiarios de los programas Prospera y 65 y más de Sedesol porque quienes sólo tienen Prospera cuentan apenas con cobertura de 27 enfermedades y en el Seguro Popular son 287. O’Shea puntualiza que, a pesar de las restricciones presupuestales, la meta en lo que resta del sexenio será consolidar el intercambio de servicios, que si bien empezará no a unirnos, sí nos acercará para conocernos más. Y reconoce que su universalidad de 100 intervenciones arranca con recursos restringidos. Ello, porque ese intercambio sólo cubre 6 por ciento del catálogo del Seguro Popular: trabajamos para ponernos de acuerdo en las tarifas. Determinar una tabulador único no ha sido fácil. Es un primer paso. Meade agrega: nunca más una familia mexicana deberá sufrir por falta de acceso a salud, haciendo efectivo el derecho constitucional. También asegura que no se requieren más recursos porque los espacios que genera la creación de empleo formal liberan posibilidades para el registro en el Seguro Popular; para universalizar, Prospera y Seguro Popular caminarán juntos.

Pero para O’Shea los ajustes al presupuesto y adelgazamiento de la plantilla del Seguro Popular así como del Seguro Médico Siglo XXI (700 millones de pesos) impactarán los recursos que reciben los estados. Sin embargo, el doctor Narro afirma que el compromiso es con el fortalecimiento de los servicios público; no vamos a pelearnos, vamos a coordinarnos. Hay cosas que se pueden hacer para avanzar en la universalización.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco