Bogotá.

Como una fuerza ciudadana que velará por el cumplimiento del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fue presentada este jueves la agrupación política que representará a este grupo en el Congreso, en la implementación del pacto para superar medio siglo de conflicto.

Voces de Paz y Reconciliación es un grupo de colombianos que ha asumido la difícil pero reconfortante tarea de contribuir a que se consoliden las condiciones para la transformación de las FARC-EP en un partido político legal, dijo Imelda Daza, unas de las representantes de la colectividad, en rueda de prensa en Bogotá.

Nuestras voces serán las del acuerdo de paz, agregó sobre la colectividad, de la que no forman parte miembros activos del grupo insurgente, cuyos integrantes están en tránsito a las zonas donde se concentrarán para dejar las armas en un plazo máximo de seis meses.

En el pacto de paz firmado el 24 de noviembre entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, se establece que los rebeldes tengan seis representantes en el Congreso, con voz pero sin voto, mientras se implementa lo convenido.

El Parlamento, que refrendó el acuerdo tras su renegociación luego de que el pacto original fue rechazado en un plebiscito, deberá aprobar distintos actos legislativos y reformas constitucionales para la implementación.

Los miembros de Voces de Paz participarán exclusivamente en los debates relacionados con el acuerdo, indicaron las partes en un comunicado conjunto.

En el Senado estarán el abogado constitucionalista y vocero de la agrupación, Pablo Cruz, el economista Jairo Estrada y la defensora de derechos humanos Judith Maldonado.

En la Cámara de Diputados estarán Daza, economista miembro de la izquierdista Unión Patriótica (UP), colectividad víctima de matanzas en los años 80 y 90; el líder estudiantil Jairo Rivera y Francisco José Tolosa, fundador del movimiento Marcha Patriótica.

Su participación en el Parlamento empezará la próxima semana con las discusiones de la ley de amnistía, explicó Estrada, que se tramitará por vía rápida (fast track).

Este mecanismo reduce los tiempos de discusión para validar las normas y estipula que los congresistas deben aprobar o rechazar los textos sin hacerles cambios, salvo con la venia del gobierno.

La fiscalía colombiana anunció, por otra parte, que recibió más de 450 mil dólares de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica tras una incautación de bienes ilícitos a las FARC. El dinero fue hallado en efectivo en una vivienda en San José hace varios años y luego fue enviado a la fiscalía de Colombia.