El PAN pondrá en marcha un protocolo de atención a mujeres víctimas de violencia política, el cual permitirá que se investiguen esos casos y se sancione a los responsables con penas que van del llamado de atención a la expulsión del partido, informó Marcela Torres, secretaria de Promoción Política de la Mujer.

Explicó que el protocolo determina el camino para que una militante pueda denunciar la violencia política ejercida en su contra. Destacó que una comisión especial recibirá las quejas, investigará los hechos y los mandará a la comisión de orden, para que imponga la sanción correspondiente.

La instancia, que quedará integrada en los próximos días, además capacitará a la militancia sobre el tema e inhibirá conductas delictivas, subrayó la también senadora por Querétaro en entrevista.

Torres Peimbert dijo que el protocolo permitirá conocer la dimensión del problema en el PAN, pues hasta ahora se desconoce su tamaño, si bien existen algunas denuncias que han ido a parar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entre las panistas que han padecido esa agresión se encuentra la activista indígena Eufrosina Cruz, a quien le enviaban tuits diciéndole que no aguanta nada y que la política no es para una mujer.

Al firmar ayer el proyecto de Protocolo de Atención a Víctimas de Violencia Política, el dirigente del PAN, Ricardo Anaya, señaló que este es un tema en el que necesitamos ser implacables y que necesita visibilizarse, ya que lo que no se dice no existe, y si las cosas no se visibilizan, no ocurren en la realidad.

Como ejemplo de violencia política, recordó el comentario del secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda, en la Cámara de Diputados, quien dijo a una legisladora que no la entiende porque no es siquiatra.

Podrán decir que esto no es violencia de género, pero sí lo es, porque esas declaraciones nunca se hacen contra los hombres. Siempre este estigma de la locura y la estridencia es una etiqueta que se le quiere poner de manera absolutamente injusta e irrespetuosa a las mujeres, añadió.

Torres Peimbert explicó que la violencia política contra las mujeres es un acto de discriminación, motivado por elementos de género, que tiene como objeto el impedimento de la participación en igualdad de condiciones, dando como resultado el menoscabo de los derechos político-electorales.