n el repunte de hechos violentos que tiene lugar en el país hay dos aspectos que reclaman la atención: la incidencia del fenómeno en el estado de México y la creciente exposición de los militares comisionados en la lucha contra la delincuencia.

En la madrugada de ayer, en esa entidad ocurrieron dos hechos sin conexión entre sí: la agresión contra dos efectivos del Ejército Mexicano en Naucalpan, uno de los cuales murió y otro resultó herido, y el hallazgo de cuatro cuerpos sin vida a un costado de la autopista México-Toluca, en el municipio de Lerma; según la Procuraduría General de Justicia del estado pertenecían a asaltantes que fueron ultimados a balazos por el pasajero de un autobús.

La violencia en el estado de México incluye además una epidemia de feminicidios que en lo que va del año ha cobrado la vida de casi 150 víctimas, mientras los homicidios en la entidad rondan los 800. A ello debe sumarse el número de secuestros, asaltos a mano armada y otros delitos que degradan a ojos vistas la seguridad de los mexiquenses. La situación resulta alarmante si se considera que se trata de la entidad más poblada del país que rodea por tres puntos cardinales a la capital, lo que tendría que implicar una presencia más activa y una capacidad de reacción más inmediata de la Federación.

Por lo demás, tales niveles de violencia refieren la inefectividad de las corporaciones estatales y nacionales de seguridad pública y sugieren una creciente infiltración de éstas por grupos delictivos que se mueven por el territorio mexiquense. Tal fenómeno debe ser enfrentado en forma perentoria por las autoridades de los tres niveles de gobierno.

En lo que respecta a los militares, es inquietante el número de bajas sufridas por el Ejército Mexicano en semanas recientes en acciones contra el crimen organizado: a la emboscada en Culiacán, en la que murieron cinco efectivos de las fuerzas armadas y otros 10 resultaron heridos (30 de septiembre) han de agregarse, entre otros hechos, la desaparición y el asesinato de dos soldados en Acapulco, Guerrero (pasado fin de semana), y el ataque ya mencionado en Naucalpan.

La recurrencia de tales hechos hace pensar en una mayor capacidad organizativa y en un renovado poder de fuego de la delincuencia, pero también en la inviabilidad de la estrategia de seguridad que sigue recurriendo a las fuerzas armadas como factor central para contener la criminalidad. Un efecto colateral e indeseable de tal estrategia es que incrementa el margen de roces entre las instituciones castrenses y la población civil, como quedó de manifiesto ayer en San José de Guanajuato, municipio de Celaya, donde vecinos se manifestaron en contra de soldados que usan de cuartel la escuela secundaria de su localidad.

Se ha señalado en múltiples ocasiones que para sacar a los militares de las tareas de seguridad pública, combate al crimen y devolverlos a sus encomiendas constitucionales se requiere de una política de seguridad alternativa: por una parte, es preciso fortalecer la prevención y las tareas de inteligencia policial; por la otra, debe emprenderse un giro de la política económica neoliberal, privatizadora y multiplicadora de pobreza, a fin de generar las condiciones para reactivar la economía y el mercado interno, crear los empleos dignos que urgen en el país y asegurar un sitio para todos los jóvenes en las instituciones de educación superior, toda vez que éstos, marginados de las aulas y de los puestos laborales, resultan fácilmente cooptados por la delincuencia.