Las comunidades indígenas mayas de los municipios de Hopelchén y Tenabo, Campeche, exigieron al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) entregar un informe detallado de los predios y superficie sembrada con soya transgénica y especificar las sanciones que se aplicarán a los responsables de violar la suspensión para ese tipo de cultivo, ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La Misión de Observación, encargada de vigilar que se realice la consulta a las comunidades indígenas sobre la siembra de soya transgénica, expuso que en la tercera sesión de la etapa de acuerdos previos, realizada el pasado día 15, el Senasica apuntó que de las 55 muestras recolectadas en los municipios de Hecelchakán, Champotón y Hopelchén se confirmó que cinco eran de soya transgénica.

Pero la información presentada por el Senasica fue incompleta e imprecisa, una farsa; los representantes de las comunidades se sintieron burlados, señaló.

Conformada por representantes de 20 agrupaciones ambientalistas y organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos, la misión apuntó que las autoridades encargadas de la consulta –Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y Senasica– no contribuyen a crear un ambiente de confianza, y advirtieron que persiste el riesgo de conflicto, por lo que instaron al Senasica a presentar el próximo 25 de este mes un informe, específicamente del municipio de Hopelchén, en el que se respondan todas las dudas de los indígenas mayas.

Expuso que en la sesión pasada, presuntos agricultores se presentaron y con tono violento trataron de intervenir en la reunión, por lo que pidieron a las autoridades prevenir, en lo posible, estas irrupciones, para evitar que el ambiente de tensión siga en aumento.

La Misión de Observación hizo un llamado a la Cibiogem y a la CDI para que la consulta se lleve a cabo en un contexto de diálogo respetuoso y buena fe, y se asegure la integridad de los representantes de comunidades mayas, así como de los asesores que participan en la consulta.