El nuevo sistema penal no es un logro sólo de las leyes, no es únicamente un cambio en el sistema judicial ni tampoco se limita a una manera diferente de hacer justicia: es la respuesta del Estado mexicano a las exigencias del pueblo, es la necesidad de satisfacer la transparencia y el respeto a los derechos humanos de todos los involucrados, afirmó el ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

Al inaugurar la undécima Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, que se lleva a cabo en Juriquilla, Querétaro, Aguilar Morales señaló que en el nuevo sistema penal los derechos humanos revisten gran importancia tanto para el procesado como para todos aquellos que tengan la calidad de víctimas de las conductas que han violado la ley, que han roto el orden social, que han afectado su vida, su patrimonio, su desarrollo o integridad personal.

Añadió que los jueces deben ganarse “día a día la legitimación (…), ya que la integridad del juez es esencial para el desempeño correcto de las funciones jurisdiccionales; por eso debe asegurarse que su vida cotidiana genere respetabilidad”.

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo afirmó que el binomio corrupción-impunidad es un lastre que enfrenta la sociedad por sus enormes repercusiones sociales, económicas y políticas, y el principal obstáculo para el pleno ejercicio de los derechos humanos, así como una amenaza para la estabilidad y seguridad de la sociedad.