El Congreso de Guanajuato aprobó ayer incrementar en 35 millones 248 mil pesos su presupuesto para 2017. Este año ejerce 635 millones 653 mil pesos, y el entrante gastará 670 millones 901mil.

En tribuna, el legislador Alejandro Landeros, de Morena, calificó el presupuesto de grosero e insensato ante la crisis económica y la pobreza en Guanajuato.

Los diputados panistas Éctor Jaime Ramírez, Libia García, Elvira Paniagua y Beatriz Hernández, así como Beatriz Manrique, del Partido Verde Ecologista de México, y la priísta Luz Elena Govea, interrumpieron la intervención del legislador de Morena, quien llamó a ser solidarios con la población del estado y apretarse el cinturón.

El Congreso de Guanajuato destinará el año entrante 11 millones 857 mil pesos para terminar el nuevo Palacio Legislativo. En 2008 el presupuesto para el inmueble era de 139 millones de pesos, y a la fecha ha costado casi 800 millones.

Asimismo, gastará 20 millones 356 mil pesos en los sueldos de los 36 diputados; en salarios del personal de base erogará 68 millones 486 mil pesos y para pagar a trabajadores por honorarios, 11 millones 373 mil pesos. También destinará 107 millones 124 mil pesos a remuneraciones por actividades especiales, ayuda por los servicios de los diputados, para servicios funerarios y gratificaciones quincenales de legisladores y funcionarios.

En gastos médicos y seguros de vida de diputados y funcionarios se erogarán 8 millones 123 mil pesos. Además, recibirán 52 millones 240 mil pesos apoyo familiar y casi 2 millones para capacitación.

Además se aprobó destinar 51 millones 262 mil pesos a gastos de operación de los grupos parlamentarios, oficinas, informes y gastos de representación de los legisladores. Para viáticos se autorizaron casi 5 millones de pesos. En ayudas sociales y culturales, el Congreso gastará 24 millones 244 mil pesos; en difusión institucional, 15 millones 96 mil pesos, y para la divulgación de las actividades de los diputados, casi 6 millones de pesos.

En tanto, la comisión de hacienda y presupuesto del Congreso de Colima culpó al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental por la prescripción de los procesos contra ocho ex diputados que se otorgaron bonos hasta de 100 mil pesos cada uno.

En conferencia de prensa, Santiago Chávez, presidente de la comisión, recalcó que, según la Constitución de Colima, sólo se puede responsabilizar de ilícitos a los funcionarios con fuero constitucional durante su encargo y hasta un año después de concluido. Dicho plazo terminó el pasado primero de octubre.