Por la falta de atención y la represión contra los vecinos de Coyoacán que se oponen a la construcción de torres con más de 377 departamentos en la calle Aztecas, un panelista, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y asistentes al foro Espacio público: Protesta y participación democrática, cuestionaron a la secretaria de Gobierno local, Patricia Mercado.

Rodrigo Gutiérrez explicó que los vecinos, en una zona donde falta agua, han protestado porque la constructora rompió el subsuelo y se derramó casi un año líquido de los mantos freáticos que alimentan a los pozos Xotepingo y Peña Pobre.

Frente a la funcionaria, detalló que las autoridades, sin fundamento científico, declararon que era agua de drenaje y por lo tanto se podía tirar. Ante esas omisiones, añadió, la gente se organizó y movilizó, hasta que un estudio de la UNAM determinó que era agua potabilizable.

Sin embargo, la respuesta del gobierno fue que el sábado 30 de abril llegaron 300 granaderos y rumores de órdenes de aprehensión. Uno se preguntaría si eran para los empresarios. No, para los ciudadanos defensores de derechos humanos que no tienen agua y que están protegiendo un bien que es de todos.

El académico dijo que esta respuesta mostró cómo el interés común era tratado como una cuestión de desorden público.

Los poderes públicos y privados hacen lo posible por poner en marcha estrategias para combatir la expresión y la crítica, la organización y la manifestación. Es paradójico que los gobiernos dilapidan dinero público en programas de falsa participación y cuando surgen formas organizativas con causas sinceras, comprometidas, que no requieren estímulos económicos, entonces se amenaza con un policía o frentes policiacos que mandan un mensaje de miedo, afirmó.

Sobre el tema, Patricia Mercado respondió que su versión de los hechos difería de la ofrecida por el académico.

Este movimiento lleva algunos meses y ahí está. La obra no tiene ninguna suspensión y sin embargo hay un plantón que no permite que siga. Por supuesto que el gobierno, mientras no exista un acuerdo, no está simplemente aplicando la ley diciendo: si ya no hay suspensión la obra tiene que seguir y entonces llegamos... para nada.

La funcionaria explicó que si alguna vez se usó la intervención de seguridad pública, seguramente, lo que recuerdo, es que fue por el bloqueo de vialidades, no tanto para desalojar el plantón.