En el Senado está listo el proyecto para modificar la Ley General de Víctimas, a fin de corregir fallas e ineficiencias de esa legislación, mediante la agilización del acceso de los afectados a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del daño, ya que sólo 3 por ciento de un presupuesto superior a mil 500 millones de pesos se ha utilizado para respaldar a quienes sufrieron violaciones a sus derechos humanos o la agresión del crimen organizado.

En el proyecto de dictamen que circula entre las fuerzas políticas se incluye reconocer como víctimas a los desplazados internos, que junto con los migrantes deberán tener un trato diferencial y especializado y se modifica la estructura de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la que pasa de una dirección colegiada a una unipersonal.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña, precisó que el proyecto de dictamen se puso también a consideración de las organizaciones de víctimas y dijo confiar en que podrá discutirse la próxima semana, a fin de que se apruebe a la brevedad.

En la exposición de motivos, se resalta que a tres años de la promulgación de esa ley, era necesario actualizarla y resolver problemas estructurales. Frente al reclamo legítimo de las víctimas se flexibilizaron los mecanismos de acceso al fondo que entre 2014 y 2016 acumuló mil 536 millones de pesos, debido a que sólo destinó 3 por ciento de esos recursos para la reparación integral de personas afectadas por la violencia, para las víctimas del caso Iguala y otros desaparecidos, y para apoyar gastos funerarios, médicos y de alimentación.

Ello, pese a que hay 7 mil 640 personas que han demandado apoyo, de las que sólo 3 mil 875 personas lograron ser inscritas en el padrón de víctimas y únicamente 3.5 por ciento de éstas lograron acceder a los recursos del fondo.

Las modificaciones permiten subsanar las necesidades diarias de las víctimas, que hoy se encuentran sujetos a mecanismo burocráticos. Se establecen recursos de ayuda para alimentación, hospedaje, transportación, concebidos como gastos operativos ordinarios que permita a las víctimas obtener una atención inmediata, adecuada y efectiva.

Otra parte medular de la reforma es modificar la estructura de la CEAV, ya que la actual de siete comisionados que rotan la dirección demostró ser demasiado pesada desde el punto de vista presupuestal y operativo. Se propone que esté a cargo de un solo comisionado ejecutivo, nombrado por el Presidente de la República y ratificado por el Senado, que tenga amplio conocimiento de la defensa y promoción de los derechos humanos.

Se incluye un transitorio que deja fuera a los comisionados que están en el cargo actualmente, los que cesarán en sus funciones al entrar en vigor la ley.

En el proyecto de dictamen se señala que se atendió la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de reconocer como víctimas a los desplazados internos y atenderlos y protegerlos a partir de un enfoque diferencial, que les permita contar con medidas de ayuda y asistencia particulares que coadyuven a garantizar el ejercicio de los derechos que les hayan sido vulnerados.

Sin embargo, no se utiliza el término desplazamiento forzado, sino interno. Se asienta que la ley debe otorgar atención inmediata a las poblaciones víctimas de desplazamiento para cubrir sus necesidades prioritarias.

Se establece asimismo la obligación de los estados de la República de contar con un fondo de ayuda y un registro de víctimas, a fin de que la CEAV les proporcione recursos, así como la compensación subsidiaria a víctimas del fuero común.