El coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Barbosa, preguntó: ¿de qué tamaño es el compromiso del Revolucionario Institucional (PRI) con Acción Nacional (PAN) que le avala la pretensión de reformar la Constitución para acabar con el derecho de huelga de los trabajadores?

Se habla, dijo, de que aprobar esa modificación introducida casi de manera subrepticia a la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto sobre justicia laboral, es el pago que exige Acción Nacional para votar con los priístas el paquete económico de 2017.

En entrevista, el senador Barbosa dijo que es lamentable que el PAN se asuma como un partido patronal y permita que el Senado atienda solícito las peticiones de los empresarios, sin analizar con objetividad cómo impacta a un derecho histórico, conquistado por los trabajadores, luego de largas batallas, como es la huelga.

Reveló que en las negociaciones en torno a la reforma al artículo 123 constitucional, propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, el PAN llevó otra de las exigencias de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la pretensión de suprimir la fracción 21 de ese ordenamiento, que eximía a los empresarios de pagar al trabajador la indemnización correspondiente en casos de laudos a su favor.

El PRD, dijo, logró que se sacara del dictamen, ya que tenía un efecto gravísimo, pero en el proyecto de dictamen que se discutió el miércoles por la noche, apareció otra de las exigencias de la Coparmex, adicionar la fracción 18 del 123, para indicar que en los casos de firma de contrato colectivo de trabajo, antes del emplazamiento a huelga, el sindicato debe demostrar que cuenta con el apoyo de la mayoría de los trabajadores”.

El perredista Miguel Ángel Barbosa asegura que en caso de aprobarse las modificaciones al artículo 123 constitucional se multiplicarán los despidos y amenazas para impedir que los sindicatos independientes consigan la titularidad de los contratos colectivos de trabajo. La imagen corresponde a una feria del empleo en la Ciudad de MéxicoFoto Roberto García Ortiz

Esa, que ha sido una demanda constante de los empresarios, no está en la iniciativa presidencial, encaminada a desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje para dejar la justicia laboral en el Poder Judicial. No se discutió en los foros de análisis ni en las reuniones de la comisiones dictaminadoras, pero el cambio apareció en el proyecto de dictamen que se discutió el pasado miércoles.

Un cambio de esa magnitud, que obliga a verificar la mayoría de un sindicato para poder emplazar a huelga por firma y revisión de contrato colectivo, debió consultarse con los trabajadores, con los representantes obreros, sostuvo.

El coordinador perredista insistió en que ese requisito anula el derecho de huelga, ya que los patrones recurrirán a despidos y amenazas para impedir la firma de un contrato con alguna organización gremial que no les guste.

Llamo a los sindicatos a pronunciarse, a defender su derecho de huelga. A los priístas les he dicho que están negando su historia, el nacionalismo revolucionario que se forjó con el sector obrero.

Barbosa detalló que hay el compromiso del PRI de no aprobar la reforma en fast track, el próximo martes, como pretenden los panistas. Espero que se revise y se llegue a una redacción que deje a salvo el derecho de huelga.