Río de Janeiro.

Teori Zavascki, magistrado de la Corte Suprema de Brasil, autorizó la noche del viernes la apertura de investigaciones preliminares sobre denuncias que invo- lucran al presidente Michel Temer, quien habría pedido a la empresa Transpetro apoyar la campaña de un candidato a la alcaldía de Sao Paulo.

La acusación fue hecha por Sergio Machado, ex presidente de la contratista y uno de los principales implicados en la trama de corrupción en la estatal Petrobras en el marco de un acuerdo de delación premiada con reducción de penas.

La investigación sobre Temer se centra en el presunto pedido de recursos hecho en 2012 a Transpetro (la filial de Petrobras para el transporte de hidrocarburos), para la campaña de Gabriel Chalita, entonces miembro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), por la alcaldía de Sao Paulo.

Zavascki, relator en el Supremo Tribunal Federal de la investigación Lavado Rápido sobre la corrupción en Petrobras, dividió las denuncias de Machado en varios expedientes que apuntan a prominentes políticos tanto del centroderechista PMDB de Temer, y del Partido de la Social Democracia (PSDB, aliado del actual gobierno), como del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), de la destituida mandataria Dilma Rousseff y de su mentor y predecesor Luiz Inacio Lula da Silva. Ahora el fiscal general Rodrigo Janot, debe decidir si se abre una investigación formal sobre Temer.

En el resto de los expedientes, figura el de una presunta tentativa de acuerdo entre políticos para trabar el avance de la Operación Lavado Rápido lanzada en 2014 por el juez de primera instancia Sérgio Moro: una presunta donación en 2012 de 40 millones de reales (unos 20 millones de dólares) del gigante de la alimentación JBS al PMDB, y un supuesto traspaso de recursos a Aecio Neves (candidato presidencial de ese partido en 2014), para apoyar su candidatura a la presidencia de la Cámara de Diputados en 1998, según el informe.

La investigación sobre Petrobras puso al descubierto una vasta red de sobornos pagados por grandes constructoras a políticos y partidos, para ganar licitaciones de la petrolera estatal. Por este caso, numerosos políticos están en la mira de la justicia y empresarios de la élite económica del país fueron condenados a fuertes penas de cárcel.

Al continuar con las investigaciones contra Luiz Inacio Lula da Silva en el caso Petrobras, el juez Sérgio Moro, que coordina las investigaciones de Lavado Rápido, ordenó la noche del viernes que se registre el archivo personal del ex mandatario.

El archivo está guardado en una sede del Banco de Brasil en Sao Paulo y reúne cartas, documentos y regalos recibidos por Lula durante los ocho años en que ejerció la presidencia de Brasil.

Moro pretende verificar si esos objetos son verdaderamente del archivo personal de Lula o si hay objetos que deberían haber sido incorporados al patrimonio de la Presidencia de la República.

Según el Ministerio Público Federal tan sólo 1.5 por ciento de los bienes que recibió Lula fueron incorporados al Patrimonio de la Unión, nueve objetos de 568 recibidos.

Lula está imputado en la Operación Lavado Rápido por supuestamente haber recibido un departamento reformado y una finca por la constructora OAS como contrapartida por los favores realizados dentro de la trama corrupta de Petrobras.

También está imputado por un delito de obstrucción a la justicia, ya que presuntamente participó en maniobras para comprar el silencio del ex directivo de Petrobras, Néstor Cerveró, uno de los principales delatores de Lavado Rápido.