Desde su puesta en marcha en 2004 y hasta 2015 existió la posibilidad de que el dinero del Seguro Popular se utilizara para fines distintos a la prestación de servicios médicos, pero el año pasado empezaron a ponerse en marcha diversas estrategias de control y seguimiento de los recursos, las cuales terminarán definitivamente con esa práctica, aseguró Antonio Chemor Ruiz, director de Financiamiento de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS).

A partir de la reforma a la Ley General de Salud y su entrada en vigor el año pasado, las entidades están obligadas a tener una cuenta en la Tesorería de la Federación (Tesofe). Ahí se depositan los recursos para comprar medicinas. Es el equivalente a 30 por ciento del presupuesto (17 mil 995 millones de pesos ejercidos en 2015) y se entrega a cambio de la presentación de los comprobantes de adquisiciones. Detalló que con este sistema los pagos a proveedores se han hecho con puntualidad.

Además, a partir de este jueves empezarán a funcionar dos plataformas electrónicas. En una, los responsables de las adquisiciones reportarán las compras de medicinas. El sistema comprobará que los productos y los precios sean los autorizados por la CNPSS para poder liberar el dinero y pagar a proveedores.

En entrevista, Chemor explicó que por un convenio con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la alimentación del proceso electrónico sólo la podrá realizar la persona autorizada, la cual también ingresará con los datos de su firma electrónica avanzada. Cualquier irregularidad o desviación de recursos será responsabilidad de ese individuo, al que se podrá identificar plenamente.

Una segunda plataforma será para que las entidades registren los pagos de salarios del personal con el fin de evitar duplicidades. Sólo las adquisiciones de productos incluidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud con los precios máximos de referencia autorizados serán cubiertas por la CNPSS.

Reconoció que antes de la reforma legal aprobada en 2014 existían los espacios para hacer mal uso de los recursos sin temor a ser sancionados. Ahora, la ley prevé penas de cuatro a siete años de prisión y multa mil a 500 mil días de salario mínimo.

Al referirse a los señalamientos que el pasado martes hizo el senador Joel Ayala sobre que el dinero del Seguro Popular es la caja chica de los gobernadores y su petición para que la Secretaría de Salud asuma el control del presupuesto para evitar desviaciones y mal uso, Antonio Chemor comentó que como parte de la reforma a la ley, ahora existe la obligación de las secretarías estatales de Finanzas de entregar el dinero del Seguro Popular a las secretarías de salud en los cinco días hábiles siguientes a que la Federación se los haya enviado, e incluye los intereses obtenidos. Los reportes de recepción y entrega del dinero deben enviarse a la CNPSS.