ras la decisión del magisterio disidente de no volver a clases mientras no haya solución a sus demandas, el gobierno federal suspendió el diálogo que había sostenido con ese sector de profesores. Ayer el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que, debido a que no se ha logrado en la mesa de negociaciones una distensión del conflicto entre las autoridades y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), no habrá más reuniones con los representantes de ésta y que los plantones y bloqueos serán desalojados por la Policía Federal. Asimismo, afirmó que a los maestros inconformes contundentemente se les ha dicho que no respecto de la derogación de la reforma educativa. Por separado, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, sostuvo que no existen las condiciones para retomar el diálogo y reiteró lo dicho por el presiente Enrique Peña Nieto, de que la condición previa para reabrir las negociaciones es que los mentores disidentes regresen a clases.

La CNTE mantiene la postura contraria y ha señalado que sus afiliados no volverán a sus labores mientras no se logre un mínimo de concesiones por el gobierno.

El enfrentamiento en las posiciones no augura nada bueno para los mentores, para las autoridades y para el país en general. Si bien no parece posible que el magisterio inconforme logre que el equipo gubernamental ceda en su negativa rotunda de abrogar las modificaciones legales que originaron el conflicto, la administración federal tampoco tiene mucho margen para recurrir a la coerción sin que esto traiga consecuencias indeseables y un costo político, social y humano que en la presente circunstancia podría resultar desmesurado y hasta catastrófico. Se configura, así, un escenario de empate y de impasse en el que ninguna de las partes puede ganar si persiste en atrincherarse en sus posturas.

En esta coyuntura crítica unos y otros deberían tener en mente que no hay salida positiva fuera del diálogo y, si bien éste requiere de paciencia, de una resuelta voluntad política y de disposición a ceder, cualquier otro camino conlleva severos riesgos para el país. No está de más recordar conflictos mucho más graves que han sido resueltos por medio de procesos de negociación.

El referente inmediato –y no el único– es el proceso de paz que está por culminar en Colombia entre la organización guerrillera más antigua del continente y el gobierno de ese país, y, si todo marcha conforme a lo establecido, pondrá fin a una guerra de medio siglo en la que han muerto centenares de miles de personas. Ese proceso arrancó sin precondiciones y pasó por etapas en extremo difíciles, en las que los representantes de ambos bandos mantenían los contactos aun con una confrontación armada en curso. El tesón y el anhelo de paz de los negociadores ha logrado sortear con éxito, hasta ahora, toda suerte de escollos.

Si el diálogo ha dado tan buenos resultados en un escenario tan violento, extendido y complicado como el colombiano, en el que ha estado en juego una reconfiguración del país, no hay razón para dudar que, con voluntad de ambas partes, el conflicto entre el gobierno mexicano y una parte del magisterio nacional, que tiene una escala mucho menor en todas las dimensiones, podría resolverse mediante una negociación que involucre, además del gobierno federal y la CNTE, al Legislativo –una vía que ya fue esbozada hace meses por el mismo Osorio Chong–, no para derogar la reforma educativa sino para mejorarla, agregarle contenidos propiamente pedagógicos y encontrar términos legales que resulten aceptables para todos.