Más de una centenar de organizaciones y colectivos de derechos humanos y civiles reprobaron la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de validar, en ciertos casos, condenas judiciales basadas en tortura, cuando los organismos y normas internacionales los excluyen de manera tajante.

El pasado viernes, la primera sala de la SCJN publicó una tesis aislada que plantea improcedente reponer procesos penales para investigar actos de tortura denunciados por la defensa, a no ser que exista confesión o autoincriminación de la persona acusada.

En los hechos, esta decisión de la Corte significa que si una persona es torturada para incriminar a otra, si la declaración bajo tortura de la persona acusada no es calificada por el juez como confesión, o si la tortura produce cualquier otra prueba distinta a la autoincriminación, podrían quedar intactas las condenas basadas en esas pruebas ilícitas. Esta regla fue aprobada por los ministros Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

En un pronunciamiento colectivo, las ONG afirman que la tesis aprobada por la SCJN es violatoria de la prohibición absoluta de dar validez a cualquier prueba obtenida mediante tortura, las cuales están reflejadas en la Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como en muchos tratados internacionales que han sido ratificados por México.

Se destaca que el relator especial sobre tortura de Naciones Unidas ha señalado que las autoridades judiciales, con base en tratados internacionales, deben excluir cualquier prueba o declaración sobre la cual existan razones para creer que ha sido obtenida bajo tortura.

Dichos por coacción no son veraces

Se advierte que la Corte IDH –que sesiona en nuestro país– ha reiterado que la regla de exclusión de pruebas obtenidas mediante la tortura ostenta un carácter absoluto e inderogable, observando además que las declaraciones obtenidas mediante coacción no suelen ser veraces.

El pronunciamiento lo suscriben los centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Fray Francisco de Vitoria, Tlachinollan, Colectivo Contra la Tortura, Asociadas por lo Justo, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Fundar, y la Red TDT, integrada por 80 colectivos y organizaciones de 21 estados.