A Francisco Javier Magallón Pérez nadie lo ha buscado para darle a conocer los resultados del informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Tanhuato, que concluyó que hubo 22 ejecuciones arbitrarias cometidas por policías federales, pero advierte que eso ya lo sabían todos. Ahora exigimos justicia, que los policías paguen lo que hicieron. No fueron unos animalitos los que mataron.

Su hijo, Francisco Daniel Magallón Torres, de 17 años, fue uno de los 42 civiles muertos el 22 de mayo de 2015 en el Rancho del Sol, donde estaba trabajando de peón. La Policía Federal (PF) informó ese día que se trató de un enfrentamiento con delincuentes miembros del cártel Jalisco Nueva generación (CJNG).

“Se comprueba que esa versión fue una mentira. No es cierto que los policías se estaban defendiendo; ellos llegaron al rancho a ejecutar a nuestros hijos, en lugar de detenerlos y someterlos a proceso, como a cualquier otro ciudadano”, dice en entrevista con La Jornada.

Hace casi 15 meses en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Morelia vivió uno de los momentos más terribles de su vida. El escenario era putrefacto, surrealista: 42 cuerpos apilados y tirados en el suelo con aserrín y barras de hielo derretidas y convertidas en agua y sangre. El fétido olor y el ambiente nauseabundo le provocaron un ligero mareo. Se repuso y empezó a buscar el número 13, que le robaba la identidad a su hijo, su niño, gemelo idéntico de Francisco David.

Con gran entereza avanzó, sintiendo el olor a muerte en la nariz. Entre la montaña humana identificó un cuerpo que conocía perfectamente. Deseaba que aquello fuera una novela negra, una pesadilla, pero no, efectivamente, su hijo era el número 13.

El nudo en la garganta, las lágrimas, un grito mudo de dolor desgarrador no le permitían hablar. Cuando articuló palabra, preguntó a un funcionario con un hilo de voz temblorosa: ¿Por qué los tienen así, cómo animales? Nadie le contestó.

Siguió caminando por aquel cuarto de espanto y pudo ver las condiciones en las que estaban los cadáveres amontonados: Estaban torturados, les mocharon sus partes íntimas, dedos de las manos, tenían quemaduras, tiros en la cabeza...

Francisco Javier sufre al recordar aquella escena inhumana: A mi hijo lo torturaron hasta morir. Tenía todo su cuerpo lleno de moretones y en su pierna había un corte con un cuchillo. Su ropa me la dieron intacta, sin manchas de sangre. Ahora se demuestra lo que siempre dijimos, que primero los desnudaron, luego los torturaron y después los vistieron.

Agrega que nadie le dijo nada sobre el informe de la CNDH, que se enteró por los medios de comunicación: Exigimos que se haga justicia, que no quede nomás en una recomendación de la comisión; queremos que se castigue a los culpables por esta masacre, que no quede impune.

Sin ayuda

Familiares de las víctimas, la mayoría originarias de Ocotlán, Jalisco, aseguran que no han recibido notificación alguna del informe de la CNDH, ni apoyo o reparación del daño de ninguna institución.

Adrián Franco, integrante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), señaló a La Jornada que ningún familiar de las víctimas de Tanhuato los ha contactado para recibir el apoyo que marca la ley, pero dijo que registrarán y atenderán los asuntos derivados de la recomendación emitida por la CNDH.

La recomendación del ombudsman nacional consta de casi 700 páginas, pero el informe está conformado por 31 tomos y 11 mil 292 fojas, donde se especifica que 13 personas recibieron disparos por la espalda, tipo ley fuga; otros fueron torturados, y la Policía Federal movió del lugar siete cadáveres, sembró armas a 16 y quemó a otras dos personas.

Sin embargo, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, ha calificado de radical el informe de la CNDH, y consideró que las ejecuciones extrajudiciales no existen como tipo penal en México.

A pesar del informe, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha presentado a los presuntos policías federales culpables de las ejecuciones, ni tampoco se ha abierto un proceso penal en su contra.

Los están encubriendo

Teresa Tejeda no encuentra consuelo en el informe de la CNDH, solamente una certeza oficial de lo que los familiares de las víctimas ya conocían. Se muestra indignada porque no ha habido justicia.

Su hijo, Víctor Hugo Reynoso, de 28 años, graduado de técnico mecánico, quien trabajaba en el Rancho del Sol, presentaba heridas de bala en la espalda: A mi hijo lo mataron por la espalda, le perforaron pulmones, riñones e hígado. Todas las descargas las recibió por la espalda. Los policías, en vez de llegar a atacarlos y matarlos, su deber era detenerlos. ¿Qué pasa con los tres muchachos detenidos? ¿Por qué nunca les han permitido ofrecer su testimonio ante los medios de comunicación?

Según los testimonios de algunos sobrevivientes que laboraban en el rancho, no fueron 42 los muertos: Deben reconocer que no fue ningún enfrentamiento y que no fueron 22 ejecuciones. Ellos reconocen 42 muertos, pero fueron casi 50. Los mataron a sangre fría. No porque sean gobierno, se les va a permitir que se laven las manos así de fácil. Eran personas.

Añaden: el gobierno no juega limpio, pero como ellos traen permiso para matar y como a ellos se les paga con nuestros impuestos para asesinar, pueden quitarle la vida a cualquier persona, como si fuera cualquier animalito. Todos somos madres y padres; quedaron hijos desamparados, eso no se vale.

Teresa Tejeda comenta que la negativa de la PF a aceptar las ejecuciones arbitrarias es una afrenta para las víctimas: El presidente Peña Nieto los está encubriendo, porque como son sus elementos, sus trabajadores, pues los está protegiendo. Después de 15 meses ya era para que estuvieran ellos encarcelados, identificados y públicamente exhibidos para que la gente veamos quiénes fueron los asesinos de nuestros hijos. ¡Que paguen con cárcel!

La mayor preocupación para los familiares es la cuestión económica. No han recibido compensación alguna ni la CEAV los ha contactado: “Yo tengo a mi hijo sepultado en una gaveta que me prestó una prima, y ella ya me está exigiendo que compré donde tenerlo y no tengo dinero.

Aparte mi hijo quedó debiendo dinero y yo lo estoy abonando. La CEAV está esperando que nosotros nunca nos arrimemos. Para ellos es mejor no compensarnos. ¿Por qué no vienen y nos buscan? Eso sería lo más justo. Ellos no se mueven a buscarnos, con la intención de que uno no vaya, para no pagar. ¡No se vale!

Añade: la vida de mi hijo nunca se va a recuperar, pero deben indemnizarnos. Cuando menos yo quiero jun sitio donde tener a mi hijo dignamente sepultado. Las actas de defunción todas están mal, porque no especifican cómo murieron.

Tejeda dice que lo sucedido en Tanhuato es una masacre olvidada y rompe en llanto: “A mí nada me conforma, nada me contenta; yo sé que nunca vamos a recuperar a nuestros hijos, pero cuando menos que se haga justicia, porque no debieron de haberles quitado la vida así.

“A mi hijo me lo entregaron morado, ensangrentado, echado a perder, con su boca llena de algodón y sus ojos abiertos. No lo puedo olvidar ni asimilar.

Ellos (los agentes) también tienen padres, hermanos, esposas, hijos, ¿por qué se atrevieron hacer todo eso? ¿Por qué no sólo los detuvieron? ¿Por qué si estaban dormidos, no los aprehendieron? A mí eso me duele mucho, concluye.